Adorni le explicó a la Justicia de dónde salieron sus dólares: apostó todo a la carta bitcoin
El exvocero y exjefe de Gabinete presentó un descargo de 78 carillas ante el fiscal Gerardo Pollicita, que había detectado inconsistencias en la evolución de su patrimonio. Según su versión, casi 600 mil dólares provienen de ganancias con criptomonedas anteriores a su llegada a la función púb
El escrito llegó a los tribunales federales luego de que el fiscal Gerardo Pollicita marcara diferencias entre lo que Manuel Adorni declaró como patrimonio y lo que efectivamente pudo justificar con sus ingresos oficiales. Frente a esa observación, el exfuncionario decidió no dejar dudas sueltas y entregó una defensa extensa, de 78 páginas, en la que apunta a un origen preciso para el efectivo que manejaba: las criptomonedas, un mercado que compró y vendió mucho antes de sentarse en el atril de la Casa Rosada.
La cifra que menciona Adorni no es menor para la realidad de buena parte del país: casi 600 mil dólares en bitcoin. Mientras en Tartagal y en tantas ciudades del interior salteño una familia trabajadora discute cómo llegar a fin de mes con sueldos que no empardan la inflación, un exfuncionario nacional explica ante la Justicia cómo hizo una fortuna en criptoactivos antes de asumir un cargo público. La distancia entre esos dos mundos no es un detalle menor: habla de a quién le habla la política y desde qué lugar se toman las decisiones que después bajan, transformadas en tarifas, impuestos o recortes, a las provincias del norte.
Que un funcionario deba justificar ante un fiscal federal la evolución de su patrimonio es, en sí mismo, un ejercicio sano de control republicano. El problema surge cuando ese control llega tarde, después de que la persona ya ejerció el poder, y cuando la sociedad sobre todo la del interior, más alejada de estos entramados económicos y financieros solo puede observar el proceso desde afuera, sin garantías reales de que la Justicia avance con la misma celeridad con la que se toman medidas de ajuste para el resto de los ciudadanos.
Más allá de si el descargo de Adorni resulta convincente para la Justicia, el caso vuelve a poner sobre la mesa una pregunta que excede lo judicial: qué tipo de trayectorias económicas habilitan a alguien a ocupar cargos de máxima exposición pública, y con qué herramientas cuenta el ciudadano común, el de Tartagal o el de cualquier localidad del interior, para verificar que quienes deciden sobre su bolsillo no tengan, ellos mismos, cuentas pendientes con la transparencia.
