Un dictamen de la Auditoría General de la Nación sobre las cuentas del BCRA destapó una denuncia penal que apunta directo al corazón del equipo económico. El abogado Gregorio Dalbón reclama detenciones e indagatorias por el manejo de las reservas áureas, un patrimonio que en teoría pertenece a todos los argentinos, también a los de las provincias más alejadas de Buenos Aires.
La causa judicial que investiga presunta defraudación contra la Administración Pública, abuso de autoridad y una eventual asociación ilícita tomó un nuevo impulso tras la aprobación de un dictamen de la AGN sobre los estados contables del ejercicio 2025 de la autoridad monetaria. Con ese respaldo técnico en mano, el abogado Gregorio Dalbón solicitó la detención inmediata y la declaración indagatoria del ministro de Economía, Luis Caputo; el presidente del Banco Central, Santiago Bausili; y el director Juan Ernesto Curutchet. No es un dato menor: cuando un organismo de control del propio Estado valida irregularidades en las cuentas públicas, la discusión deja de ser una interna política y se convierte en un problema que compromete la credibilidad de todo el sistema financiero nacional.
El oro del Banco Central no es un activo abstracto que solo interesa a economistas de escritorio porteño. Es parte del respaldo que, en teoría, sostiene la estabilidad de la moneda con la que cualquier familia tartagalense paga el alquiler, compra la mercadería del almacén o ahorra lo poco que puede para un imprevisto. Cuando se denuncian millonarias pérdidas en operaciones con reservas de oro, lo que está en juego no es solo la responsabilidad penal de tres funcionarios: es la confianza en que el Estado administra con seriedad los recursos que, directa o indirectamente, impactan en el bolsillo de cada ciudadano del interior, muchas veces el primero en sufrir los ajustes y el último en enterarse de las decisiones que los generan.
Desde Salta, y particularmente desde Tartagal, estas noticias suelen leerse con una mezcla de bronca y resignación, porque la sensación histórica es que las grandes decisiones económicas se toman lejos, en despachos porteños, y las consecuencias devaluaciones, inflación, recortes se sienten después en cada rincón del país. La causa que investiga a Caputo, Bausili y Curutchet pone sobre la mesa una pregunta que excede lo judicial: ¿quién controla realmente a quienes manejan las reservas que, se supone, nos pertenecen a todos? La respuesta a esa pregunta no es un detalle técnico para especialistas en finanzas, sino un asunto que define cuánto vale la palabra del Estado cuando promete cuidar lo que es de todos.
El expediente recién empieza a moverse y la Justicia deberá determinar si las acusaciones de defraudación, abuso de autoridad y asociación ilícita tienen sustento para avanzar hacia indagatorias y, eventualmente, detenciones. Mientras tanto, resulta imprescindible que este tipo de causas no queden atrapadas en la lentitud habitual de los tribunales federales ni diluidas por la distancia que separa a Buenos Aires del resto del territorio nacional. Si las reservas de oro del Banco Central sufrieron pérdidas millonarias por decisiones cuestionables, el interior del país tiene tanto derecho como cualquier otra región a exigir respuestas claras, rápidas y sin privilegios para quienes ocupan los cargos más altos del poder económico.
