La causa que investiga más de 114 muertes por droga contaminada vinculada a laboratorios HLB Pharma y Ramallo avanza con allanamientos en organismos nacionales. Dos exfuncionarias de ANMAT e INAME fueron detenidas.
En el marco de la compleja investigación por el fentanilo adulterado que ha cobrado la vida de al menos 114 personas en el país, el juez federal Ernesto Kreplak ordenó el allanamiento del Ministerio de Salud de la Nación. Durante el operativo se secuestraron registros de ingresos, egresos y reuniones de la cartera sanitaria correspondientes a 2023 y 2024, buscando documentación que permita esclarecer responsabilidades en este caso que ha generado alarma nacional.
Las detenciones de Nélida Agustina Bisio, funcionaria de ANMAT, y Gabriela Mantecón Fumado, exdirectora de INAME, representan un punto de inflexión en la investigación. Ambas serán indagadas en las próximas horas por el magistrado de La Plata. Este avance judicial refleja la necesidad de establecer responsabilidades institucionales en la cadena de control que debería haber detectado la adulteración del medicamento antes de que llegara a pacientes vulnerables.
La investigación estableció que las 154.530 ampollas del lote 31202 fueron adquiridas por 51 establecimientos públicos y privados de salud de cinco jurisdicciones diferentes del país: las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Formosa y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La Justicia permitió recuperar 64.003 y establecer que alrededor de 40.473 ampollas adulteradas habrían sido efectivamente administradas. Asimismo, el lote 31244 estaba conformado por 151.430 ampollas, de las cuales se recuperaron 121.233, logrando establecer finalmente que no hubo administración intrahospitalaria de ese lote.
En nuestra provincia de Salta, donde los sistemas de salud ya enfrentan limitaciones en recursos y cobertura, este escándalo representa una crisis de confianza adicional en los medicamentos que llegan a hospitales y centros de atención. La contaminación de fentanilo ha provocado no solo muertes, sino también al menos 50 casos de lesiones graves, evidenciando fallas en los controles de calidad que afectan especialmente a poblaciones que dependen de la salud pública.
Los interrogantes sobre cómo medicamentos adulterados circularon sin ser detectados por organismos de control ponen en evidencia la fragilidad de los sistemas de vigilancia sanitaria. Desde el Interior urge que se fortalezcan los mecanismos de verificación y que se garantice que casos similares no vuelvan a ocurrir, particularmente considerando que las provincias están entre las más expuestas a estos riesgos cuando los controles centrales fallan.
