Mónica Frade y Maximiliano Ferraro se presentaron ante la Justicia federal para incorporarse como parte querellante tras la exclusión de inversores damnificados, y solicitaron que Nadia Beller declare por videoconferencia desde Bolivia, donde permanece internada tras un intento de femicidio.
La causa que investiga el escándalo de la criptomoneda LIBRA, que salpica directamente al presidente Javier Milei, sumó un nuevo capítulo con la presentación judicial de los diputados nacionales Mónica Frade y Maximiliano Ferraro. La medida llega después de que la Cámara Federal porteña resolviera excluir a los inversores damnificados del expediente, una decisión que según entienden los legisladores, podría dejar el avance de la investigación exclusivamente en manos de la fiscalía a cargo de Eduardo Taiano, sin la presión adicional que implica contar con querellantes activos. Para cualquier ciudadano, ajeno a los pasillos judiciales porteños, esta maniobra procesal no es un tecnicismo menor: define si el caso avanza con mayor celeridad y transparencia o si queda diluido en los tiempos habituales de la burocracia judicial.
En su presentación, los diputados sostienen que la agenda presidencial habría sido tratada como un activo transable, convertido en mercancía y ofrecido a empresarios, operadores financieros y referentes del ecosistema cripto, una definición que resulta especialmente grave si se considera que miles de pequeños inversores muchos de ellos ajenos al circuito financiero tradicional de las grandes ciudades confiaron su dinero en un esquema que terminó beneficiando a un círculo reducido de personas cercanas al poder. En Tartagal y en tantas otras localidades del norte argentino, donde el acceso a la información financiera y a la Justicia federal es limitado, este tipo de maniobras refuerza la sensación de desprotección: quien pierde sus ahorros en un fraude de estas características rara vez cuenta con los recursos ni las conexiones para hacer oír su reclamo en Buenos Aires.
Sin dudas, la solicitud para que declare Nadia Beller, abogada y expareja de Fernando Cerimedo, quien se encuentra internada en Bolivia tras sobrevivir a un intento de femicidio por parte del propio Cerimedo, actualmente detenido en el penal de Chonchocoro. Su testimonio, requerido vía videoconferencia, no es un dato procesal más: se trata de una mujer que además de atravesar un hecho de violencia extrema, podría aportar información clave sobre el entramado del caso LIBRA a través del análisis de sus dispositivos electrónicos y las conversaciones de WhatsApp mantenidas con su agresor.
