Las medidas de alivio fiscal benefician solo a los grandes tenedores y pools de siembra. Los arrendatarios quedan atrapados en una ecuación cada vez más insostenible, pagando alquileres récord sin poder trasladar ese costo a sus ganancias.
Las retenciones bajaron y los precios de los granos mejoraron, pero la noticia no llegó a todos por igual. Mientras los grandes propietarios y los pools de siembra celebran máximos históricos en la valuación de sus tierras, los pequeños productores arrendatarios de la región siguen apretando los dientes. Estos agricultores que no son dueños de sus campos enfrentan una realidad cada vez más hostil: alquileres que se mantienen en niveles elevados, fertilizantes que se disparan con un dólar que no deja de apreciarse, y márgenes de ganancia que se cierran de manera inexorable.
La estructura del negocio agrícola actual revela una concentración cada vez más profunda. El propietario de tierra vive en un escenario privilegiado: se beneficia tanto de la valorización de su propiedad como de los alquileres altos que cobra. Pero el productor arrendatario está atrapado en una ecuación compleja donde debe sumar el costo del arrendamiento en la subzona maicera ronda los 19 quintales por hectárea para la campaña 2025/26 con los precios internacionales, las retenciones, los costos de insumos y la incertidumbre de los rendimientos. Eso que el gobierno promociona como alivio para el sector nunca llega intacto a sus manos.
En Salta y el interior del país, donde la agricultura es fuente de vida y empleo, esta dinámica profundiza la desigualdad. Los pequeños productores cargan sobre sus espaldas la volatilidad del mercado internacional mientras financian la revalorización del patrimonio ajeno. Y lo más preocupante: los alquileres se mantuvieron altos durante años de rendimientos bajos, lo que sugiere que tampoco bajarán cuando las campañas sean malas. Es un sistema que no da respiro.
