Una denuncia penal presentada contra el ministro de Economía, Luis Caputo, el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, y otro funcionario busca determinar las responsabilidades por operaciones financieras vinculadas con las reservas de oro durante 2025. La Auditoría General de la Nación (AGN) identificó un resultado negativo superior a los mil millones de dólares.
La administración de las reservas de oro de la Argentina quedó nuevamente bajo cuestionamiento tras conocerse una denuncia penal contra funcionarios del Gobierno nacional y un informe de la Auditoría General de la Nación (AGN) que registró pérdidas por US$ 1.023 millones en operaciones financieras vinculadas con ese activo durante 2025.
La presentación judicial fue impulsada por el abogado Gregorio Dalbón y alcanza al ministro de Economía, Luis Caputo; al presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Santiago Bausili; y al superintendente de Entidades Financieras y Cambiarias, Juan Ernesto Curuchet.Según informó un medio nacional conocido(El destape), la denuncia quedó radicada en el Juzgado Federal N.º 4, a cargo de Ariel Lijo, con intervención de la Fiscalía Federal N.º 11, encabezada por Gerardo Pollicita.
El escrito solicita investigar posibles delitos de defraudación contra la administración pública, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. La existencia de la denuncia no implica que los delitos estén acreditados, ni determina la responsabilidad de los funcionarios señalados.
Qué observó la auditoría
El dato central es el resultado negativo de US$ 1.023 millones atribuido a las operaciones financieras relacionadas con las reservas de oro durante 2025. De acuerdo con los registros contables citados en las publicaciones, el monto se compone de US$ 960,2 millones correspondientes a resultados negativos de opciones financieras y US$ 62,8 millones por el pago de primas.Estas operaciones se realizaron con fines de cobertura financiera y utilizaron parte del oro de las reservas como respaldo, según la información publicada.
La auditoría contable y la evaluación de la conveniencia de las decisiones financieras son cuestiones diferentes. Por eso, el resultado negativo constituye un dato relevante para el control público, pero no alcanza por sí solo para determinar si existió un delito o establecer responsabilidades individuales.El titular de la AGN, Juan Manuel Olmos, sostuvo que las operaciones generaron un resultado negativo y diferenció ese costo de la revalorización del oro por el aumento de su precio internacional.
En otras palabras, el metal puede incrementar su valor de mercado y, al mismo tiempo, las operaciones financieras asociadas pueden arrojar pérdidas.
El traslado del oro al exterior sigue bajo interrogantes
La controversia se remonta a 2024, cuando el Banco Central trasladó parte de sus reservas de oro fuera del país. El Gobierno defendió la decisión como una oportunidad para mejorar la calidad de los lingotes y optimizar la administración de las reservas.En una exposición ante el Senado, Bausili afirmó que el oro fue trasladado y depositado en el Banco de Pagos Internacionales (BIS), en Suiza, y sostuvo que los movimientos estaban documentados.
Sin embargo, la AGN informó que el análisis de la documentación vinculada con la trazabilidad de las reservas todavía se encontraba en proceso, después de demoras en el acceso a la información solicitada al Banco Central.
La diferencia entre ambas cuestiones es fundamental: una cosa es el resultado de las operaciones financieras registradas durante 2025 y otra es verificar de manera independiente dónde se encuentran los lingotes, bajo qué condiciones fueron depositados y qué documentación respalda cada movimiento.
Hay distintas versiones periodísticas que mencionan la presencia del oro en Londres, en el ámbito del Bank of England.
Esa ubicación fue objeto de cuestionamientos políticos, pero no debe presentarse como un hecho definitivamente comprobado sin documentación que permita establecer el destino físico de los lingotes y la relación entre las instituciones involucradas.
La Justicia deberá determinar las responsabilidades
La denuncia busca establecer quiénes decidieron y autorizaron las operaciones, qué instrumentos financieros se utilizaron, cuáles fueron sus objetivos económicos y qué controles se aplicaron.También deberá determinarse si las decisiones ocasionaron un perjuicio patrimonial atribuible a una conducta irregular y si existen elementos suficientes para sostener alguna de las figuras penales planteadas por el denunciante.
Por el momento, corresponde distinguir los resultados financieros identificados en los registros de las posibles responsabilidades legales, que deberán evaluarse a partir de la documentación y las pruebas que se incorporen a la investigación.
Un debate que excede las cifras
Las reservas del Banco Central forman parte de los activos estratégicos del país. Su administración involucra decisiones técnicas y financieras, pero también una responsabilidad pública: explicar cómo se utilizan esos recursos, qué riesgos se asumen y qué mecanismos permiten controlar las decisiones.
Cuando se informan pérdidas de esta magnitud, la discusión no debería limitarse a las acusaciones entre el oficialismo y la oposición.
La cuestión de fondo es si existen controles suficientes, información accesible y mecanismos efectivos para determinar cómo se administraron los recursos.La investigación deberá aportar respuestas sobre las decisiones financieras y la trazabilidad del oro. Hasta entonces, los datos disponibles permiten dimensionar la magnitud económica de la controversia, pero no anticipar conclusiones judiciales.
Fuente: documento de la AGN Número de Resolución: 205 - Año:2026 Período auditado: 01-01-2025 - 31-12-2025
