El organismo de derechos humanos anunció que denunciará al presidente ante organismos internacionales después de que calificara a cinco periodistas de, corruptos, mercenarios de la mentira y afirmara que los que se tienen que quemar en la hoguera son los hijos de puta.
La Fundación Faro fue el escenario elegido por Javier Milei para lanzar una nueva ofensiva verbal contra la prensa. Allí, el presidente mencionó por su nombre a Hugo Alconada Mon, Carlos Pagni, Paulino Rodrigues, Natalia Volosin y Luis Novaresio, cinco periodistas con trayectorias y estilos distintos, pero unidos esa tarde por el mismo destino: ser señalados públicamente por el jefe de Estado como mercenarios de la mentira y fabricantes seriales de operaciones. No es la primera vez que el mandatario recurre a este tipo de descalificaciones, pero la gravedad de sus palabras llevó a Amnistía Internacional a anunciar que lo denunciará ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
La frase que terminó de encender las alarmas fue contundente: los que se tienen que quemar en la hoguera son los hijos de puta. Más allá de la retórica incendiaria habitual del presidente, la elección de estas palabras dirigidas contra comunicadores identificados con nombre y apellido excede lo que podría considerarse una crítica legítima al trabajo periodístico. Estigmatizar a la prensa desde el máximo cargo del Estado no es un dato menor: son palabras que bajan línea, que habilitan discursos de odio y que, en los hechos, buscan desacreditar el control que el periodismo ejerce sobre el poder. Para cualquier ciudadano, incluido quien vive lejos de los grandes centros urbanos, esto importa: un presidente que ataca sistemáticamente a quienes investigan y cuestionan sus decisiones debilita una herramienta clave para conocer qué pasa con el manejo de los fondos públicos, las políticas económicas o las decisiones que golpean directamente el bolsillo de las familias del interior.
Desde Tartagal y el norte salteño, donde el acceso a la información suele depender de medios locales y regionales con recursos limitados, este tipo de ataques desde la Casa Rosada tiene un efecto expansivo. Cuando el presidente deslegitima a periodistas de alcance nacional, también erosiona la confianza social en el oficio en su conjunto, incluyendo a quienes trabajan en las provincias cubriendo temas que muchas veces no llegan a la agenda porteña.
La estigmatización desde el poder no se queda en Buenos Aires: habilita un clima donde cuestionar, investigar o simplemente informar puede convertirse en motivo de sospecha o represalia, también a nivel local.La decisión de Amnistía Internacional de recurrir a instancias como la CIDH y la ONU marca un punto de inflexión en la forma en que se está documentando la relación del Gobierno con la prensa. No se trata únicamente de un episodio aislado, sino de un patrón de conducta que organismos de derechos humanos consideran lo suficientemente preocupante como para judicializarlo en el plano internacional. Para los periodistas señalados, y para el colectivo de trabajadores de prensa en general, la pregunta que queda flotando es si estas denuncias lograrán poner un límite institucional a un discurso presidencial que, hasta ahora, no ha dado señales de moderarse.
