Montaban retenes falsos para interceptar vehículos y quedarse con la mercadería. La Policía de Salta allanó sus viviendas y secuestró coca, cigarrillos y uniformes utilizados en la maniobra.
En la zona de frontera de Aguas Blancas, donde cada día cientos de personas cruzan a pie o en vehículo para trabajar, comerciar o simplemente visitar a sus familias del otro lado, la confianza en un uniforme puede ser la diferencia entre sentirse seguro o convertirse en víctima. Eso fue exactamente lo que explotó una banda que la Policía de Salta logró desarticular esta semana: tres hombres que se hacían pasar por efectivos de seguridad para simular controles y robar a quienes circulaban por la región.
La causa se destapó luego de que una víctima denunciara el robo de un cargamento millonario el pasado 15 de octubre. A partir de esa denuncia, los investigadores reconstruyeron el modus operandi: los sospechosos montaban falsos puestos de control, se identificaban como fuerzas de seguridad y, bajo esa fachada, interceptaban a comerciantes y transportistas para quedarse con su mercadería. En los allanamientos posteriores, la Policía secuestró coca, cigarrillos y uniformes que habrían sido utilizados para sostener la impostura.
El caso expone una problemática que preocupa particularmente en las localidades de frontera del norte salteño: la facilidad con la que delincuentes pueden apropiarse de símbolos de autoridad para cometer delitos, aprovechando que en estas zonas los controles legítimos sean de Gendarmería, Policía o Aduana son parte habitual del paisaje cotidiano. Para un comerciante de Aguas Blancas o un trabajador que transita diariamente por esos caminos, distinguir un control real de uno falso no siempre es sencillo, y esa vulnerabilidad termina golpeando directamente en la economía familiar de quienes dependen del movimiento comercial transfronterizo para subsistir.
Más allá de la detención de los tres implicados, el hecho debería interpelar a las autoridades locales sobre la necesidad de reforzar la identificación clara de los controles oficiales y de generar canales de denuncia ágiles para quienes sospechen estar frente a una maniobra fraudulenta. En una región donde el comercio fronterizo sostiene buena parte de la economía familiar, cada robo bajo la apariencia de la ley no solo representa una pérdida material: erosiona la confianza en las instituciones que deberían garantizar la seguridad de quienes, día a día, cruzan esa frontera para ganarse el sustento.
