El máximo tribunal dejó firme la pena de cinco años de prisión contra el exmagistrado Walter Reynoso, hallado culpable de cobrar sobornos y favorecer al líder narco conocido como el Patrón del Norte. Resta definir la unificación de condenas.
La Corte Suprema de Justicia puso punto final a uno de los capítulos más oscuros de la Justicia salteña al confirmar la condena de cinco años de prisión contra Walter Reynoso, exjuez de Orán, por favorecer al narcotraficante Delfín Castedo a cambio de pagos ilegales. Con esta resolución, la sentencia queda firme y solo resta que la Justicia determine cómo se unificará esta pena con una condena anterior que también pesa sobre el exmagistrado, un trámite que definirá finalmente cuántos años de prisión efectiva deberá cumplir.
El caso expone una trama que va mucho más allá de un expediente judicial: habla de un juez que, en lugar de administrar justicia, la vendió. Delfín Castedo, apodado "el Patrón del Norte", no es un narcotraficante menor en la región: su nombre está asociado durante años al tráfico de drogas en la frontera norte de Salta, una zona donde la cercanía con Bolivia convierte a Orán y sus alrededores en un corredor estratégico para el narcomenudeo y el tráfico a gran escala. Que un juez de esa jurisdicción haya recibido dinero para favorecerlo no es un dato aislado: es la confirmación de un patrón de connivencia que durante años alimentó la sensación de impunidad en la región.
Para los vecinos de Orán y de toda la zona norte de la provincia, esta noticia golpea un lugar sensible. Mientras familias enteras conviven a diario con el miedo al avance del narcotráfico en sus barrios, con hijos expuestos al consumo problemático y comunidades que reclaman mayor presencia estatal, la Justicia la misma que debería protegerlos tenía en sus filas a un funcionario que operaba para el bando contrario. No se trata de un hecho abstracto: cada vez que un juez se corrompe, se debilita la confianza de la gente común en las instituciones, y esa desconfianza se paga con menos denuncias, menos cooperación ciudadana y más terreno ganado por el delito organizado en las economías regionales del interior.
La confirmación de la condena por parte de la Corte Suprema representa, sin dudas, una señal importante: ni el poder judicial ni las conexiones con el narcotráfico garantizan impunidad eterna. Sin embargo, el proceso también deja interrogantes abiertos sobre cuánto tiempo tardó la Justicia en resolver este caso y cuántas causas similares permanecen bajo investigación en los tribunales del interior salteño. Mientras se define la unificación de penas, la sociedad del norte provincial espera señales claras de que la lucha contra la corrupción judicial y el narcotráfico no es un hecho excepcional, sino una política sostenida que llegue a cada rincón de la provincia, no solo a los casos que logran trascender mediáticamente.
