El Presidente cerró la Convención del IAEF en Puerto Iguazú y defendió su modelo económico sin mencionar la crisis del sector. Afuera, colonos y tareferos denunciaron que cobran por la hoja verde menos de la mitad de lo que cuesta producirla.
Javier Milei visitó Misiones por primera vez desde que asumió la presidencia, y lo hizo para participar de un encuentro de ejecutivos de finanzas, un auditorio bien distinto al de los productores que, a pocos metros, se movilizaban para hacerse escuchar. La 47ª Convención Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF) fue el escenario elegido por el mandatario para ratificar su rumbo económico, mientras que cerca de Puerto Iguazú, colonos, tareferos y organizaciones sociales protestaban por una realidad que el discurso presidencial no tocó: la asfixia económica que atraviesa la producción yerbatera desde la desregulación del sector.
La contradicción no podría ser más elocuente. Mientras Milei aseguraba ante empresarios que no va a modificar su política fiscal ni monetaria por un capricho electoral y vinculaba ese esquema con la posibilidad de avanzar en el reclamo de soberanía sobre Malvinas, a pocos kilómetros los verdaderos protagonistas de la economía regional misionera denunciaban que no llegan a cubrir los costos de su trabajo. El dirigente Jorge Skripczuk fue contundente: el kilo de hoja verde se paga entre 250 y 300 pesos, cuando producirlo cuesta cerca de 500 pesos. Es decir, cada colono que cosecha yerba mate pierde dinero por definición, sin margen alguno para sostener su explotación familiar.
La situación se agrava cuando se observan los reportes de las asociaciones del sector, que hablan de operaciones aún más desfavorables: entre 180 y 285 pesos por kilo, con cheques a 90 o 120 días. Detrás de esos números fríos hay familias enteras, colonos, tareferos, trabajadores rurales que ven cómo su esfuerzo cotidiano se diluye entre precios que no alcanzan y plazos de cobro que profundizan la asfixia financiera. No es solo una discusión de rentabilidad empresarial: es la certeza de que quienes sostienen con su trabajo una de las economías regionales más identitarias del NEA hoy no pueden ni siquiera cubrir sus gastos de cosecha.
Frente a este panorama, en Misiones se impulsa un proyecto de emergencia yerbatera con el respaldo del gobernador Hugo Passalacqua, que busca establecer un precio mínimo de sostén obligatorio para la hoja verde en explotaciones de hasta 50 hectáreas, es decir, para el universo de pequeños y medianos productores que son mayoría en la provincia. La iniciativa, que ya ingresó a la Legislatura, contempla facultades de fiscalización, sanciones y el pago de diferencias en caso de incumplimiento, aunque su aprobación aún está pendiente. Detrás del reclamo late una demanda de fondo: recuperar las facultades que supo tener el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), un organismo que durante años funcionó como garantía de equilibrio entre productores e industria, y cuyo debilitamiento tras la desregulación dejó al sector más vulnerable, sin herramientas de regulación de precios, frente a una lógica de mercado que no contempla la realidad de quienes trabajan la tierra en el interior profundo del país.
