La dimisión llegó por carta al ministro de Salud, Mario Lugones, y profundiza la incertidumbre sobre el rumbo de las políticas públicas para un sector que en el interior del país ya arrastra demoras, recortes y falta de respuestas.
La noticia se conoció este lunes: el funcionario a cargo de la Secretaría Nacional de Discapacidad presentó su renuncia mediante una nota formal dirigida al ministro de Salud, Mario Lugones, de quien depende el área. La salida se produce en un contexto de fuerte tensión política y social, justo cuando el Gobierno nacional atraviesa el complejo debate parlamentario por el Presupuesto 2027, una discusión que para miles de familias con integrantes con discapacidad no es un tecnicismo de gabinete, sino una definición que impacta directamente en pensiones, certificados, transporte y prestaciones básicas.
Que un cargo de esta relevancia quede acéfalo en medio de la negociación presupuestaria no es un dato menor. La Secretaría Nacional de Discapacidad es el organismo que articula políticas, controla el cumplimiento de derechos y debería garantizar que los fondos destinados al sector lleguen en tiempo y forma a cada provincia. Una vacante en ese lugar, mientras se define cuánto dinero tendrá el Estado para 2027, deja a la deriva decisiones que ya venían siendo cuestionadas por organizaciones de la sociedad civil y por las propias familias que dependen de esas prestaciones para sostener tratamientos, escolaridad y atención médica.
Para el interior del país, y particularmente para provincias como Salta, este tipo de vacíos institucionales golpea con más fuerza que en los grandes centros urbanos. En Tartagal y en toda la región norte, las familias con integrantes con discapacidad ya conviven con distancias enormes hasta los centros de diagnóstico, escasez de profesionales especializados y demoras crónicas en la tramitación de pensiones no contributivas. Cuando la conducción nacional del área queda debilitada o en transición, esas dificultades no se resuelven: se profundizan, porque no hay quién impulse gestiones, agilice trámites atrasados o defienda partidas presupuestarias frente a un Congreso que discute recortes.
La salida del secretario no puede leerse como un hecho aislado de la city porteña. Es, en definitiva, una señal de alarma sobre la fragilidad de las políticas de discapacidad justo cuando más se necesita estabilidad y previsibilidad. Mientras en Buenos Aires se debate el Presupuesto 2027 y se libran internas de poder, en el interior hay personas con discapacidad y sus familias esperando respuestas concretas: turnos, certificados, transporte adaptado, apoyo escolar. La pregunta que queda flotando, y que 3873 Noticias seguirá de cerca, es quién asumirá ahora esa responsabilidad y con qué respaldo presupuestario real podrá contar para no dejar a miles de argentinos, muchos de ellos en Salta y en todo el NOA, un paso más atrás en el acceso a sus derechos.
