Las autoridades impulsan dos iniciativas para fortalecer el control en establecimientos penitenciarios y en las calles de la provincia.
Las autoridades penitenciarias de Salta insisten en avanzar con la prohibición de teléfonos celulares dentro de las cárceles provinciales. Se trata de una medida que busca reducir la coordinación de actividades ilícitas desde adentro de los establecimientos, problemática que afecta tanto a la seguridad interna como a la comunidad.
Los celulares en prisiones se han convertido en una herramienta para mantener estructuras delictivas operativas fuera de los muros.Paralelamente, los legisladores insisten con un proyecto de ley que apunta a sancionar a quienes ejerzan como trapitos personas que cobran por vigilar vehículos estacionados de manera irregular.
Esta iniciativa responde a la necesidad de regularizar una actividad que, sin control, genera conflictividad en las calles de la Capital y otros puntos de la provincia, donde se ha naturalizado una práctica que roza la extorsión.Desde la perspectiva del Interior salteño, estas medidas reflejan una realidad cotidiana: la seguridad no es solo un problema de grandes ciudades. Tartagal y otras localidades enfrentan desafíos similares a los de centros urbanos mayores, con la particularidad de contar con recursos más limitados.
Ambas iniciativas reconocen que el control debe ser integral, tanto adentro como afuera del sistema penitenciario.Sin embargo, la efectividad de estas medidas dependerá de su implementación integral. Prohibir celulares requiere tecnología de detección y personal capacitado; regularizar a los trapitos necesita fiscalización constante y políticas alternativas de generación de empleo.
Para Salta, el desafío es demostrar que estas propuestas no quedan solo en el papel, sino que se traducen en cambios concretos en la seguridad provincial.
