Carmen Flores no se cansa de reclamar respuestas. Su hijo Emmanuel, de 24 años, murió junto a Raúl Torres el 5 de mayo pasado mientras destapaban una cañería cloacal sin los elementos de protección más básicos.
La tragedia ocurrió en Rivadavia Banda Sur, uno de esos parajes del interior salteño donde los servicios esenciales suelen depender de trabajadores que muchas veces quedan expuestos a riesgos que en las grandes ciudades serían inadmisibles. Emmanuel Aguirre tenía apenas 24 años; Raúl Torres, 42, y era padre de familia. Ambos murieron intoxicados por gases tóxicos mientras cumplían una tarea rutinaria para Aguas del Norte: desobstruir una cañería de cloacas. No tenían equipos de seguridad. No había protocolo visible que los resguardara de un trabajo que, según se supo después, podía costarles la vida.
Carmen Flores, la madre de Emmanuel, no busca solo llorar a su hijo: exige que se investigue a fondo la cadena de responsabilidades dentro de la empresa estatal. Su reclamo apunta directamente al presidente de Aguas del Norte, a quien responsabiliza por permitir que dos trabajadores ingresen a un espacio confinado y peligroso sin las herramientas mínimas de protección. Que se ponga a disposición de la justicia, es la frase que resume el dolor y la firmeza de una madre que no quiere que la muerte de su hijo quede en el olvido ni se diluya en burocracia institucional.
El caso interpela a toda la provincia y, en particular, a las localidades del interior donde miles de trabajadores estatales y municipales realizan tareas de riesgo similares a diario: cuadrillas de agua, gas, electricidad, saneamiento. Cuando el Estado a través de sus empresas prestadoras no garantiza condiciones seguras de trabajo, la vida de esas personas queda librada al azar. Rivadavia Banda Sur, como tantos otros parajes alejados de los centros urbanos, depende de que estas tareas se hagan bien, con los cuidados que corresponden. La muerte de Emmanuel y Raúl no es solo una tragedia laboral: es la evidencia de una falla estructural que puede repetirse si no hay sanciones ni cambios reales en los protocolos de seguridad.
Mientras la causa judicial avanza, la comunidad de Rivadavia Banda Sur y buena parte de la sociedad tartagalense observan con atención qué respuestas dará la Justicia y si, efectivamente, las autoridades de Aguas del Norte asumirán responsabilidades. El reclamo de Carmen Flores no es solo el de una madre dolida: es la voz de una familia que exige que ningún otro trabajador tenga que arriesgar su vida por la falta de insumos básicos que deberían garantizarse desde el primer día de trabajo.
