El Instituto Provincial de Salud de Salta confirmó que este martes regularizará las prestaciones de julio, aunque dejará sin cobrar las consultas realizadas en la tercera y cuarta semana de septiembre. La medida se da en medio de un tenso cruce con los profesionales por los atrasos en los pagos.
El Instituto Provincial de Salud de Salta (IPS) informó que este martes 20 de octubre acreditará 2.700 millones de pesos correspondientes a prestaciones médicas brindadas durante julio. La noticia, en principio, suena a alivio para un sistema que viene arrastrando demoras: miles de profesionales de la salud en toda la provincia, incluidos los que atienden a afiliados en Tartagal y el norte salteño, esperan estos pagos para sostener consultorios, insumos y, en definitiva, sus propios ingresos. Sin embargo, la misma obra social confirmó que no abonará las consultas realizadas durante la tercera y cuarta semana de septiembre, lo que reabre un frente de conflicto que lejos está de cerrarse.
La decisión no es un dato menor ni aislado. Llega en medio de reclamos sostenidos por parte de los profesionales de la salud, que vienen denunciando atrasos reiterados en los pagos del IPS. Para un médico de pueblo, para un bioquímico que atiende en una localidad del interior salteño o para un especialista que viaja semanalmente a Tartagal para cubrir la demanda de pacientes, estos vaivenes financieros no son abstractos: significan incertidumbre sobre cuándo cobrarán su trabajo y, muchas veces, la necesidad de sostener la atención con recursos propios mientras esperan que la obra social regularice su situación. El anuncio de que directamente no se pagarán dos semanas completas de septiembre profundiza esa tensión y pone en el centro de la escena al Círculo Médico, que representa a buena parte de esos profesionales golpeados por la demora.
Pero detrás de la discusión administrativa y de los números hay un costado que no puede quedar en segundo plano: el de los afiliados. Son ellos, en definitiva, quienes terminan pagando los costos de este tipo de conflictos cuando los prestadores empiezan a restringir turnos, a exigir pagos adicionales o directamente a dar de baja convenios por falta de certezas en el cobro. En una provincia donde gran parte de la población del interior depende exclusivamente del sistema público y de obras sociales como el IPS para acceder a la salud, cualquier fricción entre la entidad y los médicos repercute directamente en la posibilidad real de conseguir un turno, de hacerse un estudio o de ser atendido a tiempo.
El desafío para el IPS no pasa solo por tapar agujeros con acreditaciones parciales, sino por construir previsibilidad: un cronograma de pagos claro y sostenido en el tiempo que evite que los profesionales de la salud, verdaderos sostenes del sistema en cada pueblo y ciudad del interior, tengan que elegir entre seguir atendiendo pacientes o resignar ingresos. Mientras no se resuelva de fondo esa discusión, medidas como la de esta semana funcionarán como parches temporales, incapaces de garantizar que el derecho a la salud de miles de salteños, especialmente los que viven lejos de la capital provincial, no quede rehén de una pulseada financiera entre la obra social y quienes día a día los atienden.Escribe aquí tu párrafodesarrollo de la noticiadesarrollo de la noticiadesarrollo de la noticiadesarrollo de la noticiadesarrollo de la noticiadesarrollo de la noticiadesarrollo de la noticiadesarrollo de la noticiadesarrollo de la noticia
