La medida comprende 7.594 kilómetros de vías en 16 provincias. Promete inversiones en infraestructura ferroviaria, pero genera interrogantes sobre el futuro del transporte de cargas en el Interior.
El Ministerio de Economía nacional convocó a licitación pública para concesionar durante 50 años las líneas ferroviarias de cargas Belgrano, San Martín y Urquiza, actualmente operadas por Belgrano Cargas y Logística S.A. (BCyL). La iniciativa se enmarca en lo que el ministro Luis Caputo denomina un proceso de transformación del sector ferroviario y contempla incentivos tributarios para inversores que destinen recursos a infraestructura ferroviaria a través del RIGI.
La red a privatizar representa una arteria vital para el desarrollo económico del país. Los 7.594 kilómetros de vías distribuidos en 16 provincias conectan zonas productivas con puertos y pasos internacionales hacia Brasil, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay. Para Salta, con fuerte vocación agroindustrial y minera, esta red ferroviaria es estratégica: permite la exportación de productos locales y el acceso a mercados regionales. Sin embargo, la experiencia de privatizaciones anteriores en el sector ferroviario genera cautela sobre si realmente se priorizarán las necesidades del Interior o solo las rutas más rentables.
Surgen preguntas ineludibles: ¿garantizará esta concesión tarifas accesibles para productores salteños? ¿Se invertirá en mantenimiento de ramales secundarios que conectan zonas productivas del norte argentino, o solo se enfocará en corredores de mayor rentabilidad? La historia reciente del ferrocarril en Argentina muestra que el lucro empresarial no siempre se alineó con las necesidades del desarrollo regional. Toda la provincia requiere que el nuevo concesionario no abandone compromisos con comunidades productivas que dependen de esta conectividad.
El régimen de acceso abierto propuesto es positivo en teoría, pero su implementación será crucial. Salta necesita garantías concretas: inversión en infraestructura local, mantenimiento preventivo de vías, y tarifas competitivas que no ahoguen a productores del Interior. Antes de celebrar esta transformación, es imperativo que el Gobierno provincial negocie cláusulas que protejan los intereses económicos regionales y que se establezcan mecanismos de fiscalización efectiva del cumplimiento de compromisos.
