La quita de subsidios dispuesta por el Gobierno de Rodrigo Paz llevó el litro de diésel de 9,80 a 17,95 bolivianos. La medida ya repercute en las ciudades fronterizas y reabre el debate sobre la fragilidad de la economía regional del norte argentino.
El litro de diésel en Bolivia pasó de 9,80 a 17,95 bolivianos este fin de semana, un salto de casi el 83% que se siente de inmediato en las localidades que viven pegadas a la línea internacional. La suba no es un dato menor ni lejano para Salta: en pueblos y ciudades como Tartagal, Salvador Mazza o Aguas Blancas, la vida económica cotidiana está atada, para bien o para mal, a lo que pasa del otro lado del límite. Cuando el combustible boliviano se mueve, el norte argentino lo siente casi en simultáneo.
La medida se enmarca en el Decreto Supremo 5716, que eliminó la subvención estatal que durante años mantuvo artificialmente bajo el precio del diésel en el país vecino. Se trataba de una política de larga data, sostenida por distintos gobiernos bolivianos, que convirtió al combustible subsidiado en un pilar silencioso de la economía de subsistencia en toda la franja fronteriza. Su desmantelamiento, decidido ahora por la gestión de Rodrigo Paz, responde a una necesidad fiscal del Estado boliviano, pero sus consecuencias no se detienen en las aduanas: se trasladan directamente a los bolsillos de quienes, de un lado y del otro, dependían de esa diferencia de precios para sostener changas, fletes, producción agrícola o el simple llenado del tanque.
Para el ciudadano común del norte salteño, esto no es una cifra abstracta en un decreto lejano. Es el frentista que veía en el combustible boliviano una opción más accesible, el transportista que ajustaba sus costos según el valor del litro al otro lado del río, el productor que dependía de un diésel más barato para mover maquinaria agrícola. La frontera norte de Salta funciona históricamente como un ecosistema económico propio, donde los precios bolivianos marcan el pulso de buena parte de la actividad informal y formal. Un salto de esta magnitud no solo encarece un insumo: reordena de un día para el otro la lógica con la que miles de familias organizaban sus gastos.
Lo que queda planteado es una pregunta que excede lo coyuntural: qué tan sostenible es una economía regional que se apoya en asimetrías de precios entre países vecinos. Cuando esas asimetrías se corrigen como ocurre ahora en Bolivia el ajuste no lo paga el Estado que tomó la decisión, sino el ciudadano de a pie que vive del otro lado del mapa, sin haber participado de ninguna discusión sobre subsidios ni decretos. Desde Tartagal y el resto del norte salteño, la mirada estará puesta en cómo sigue esta escalada y en qué medidas, si las hay, se toman para amortiguar un golpe que ya empezó a sentirse en la frontera.
