Una encuesta nacional de ATE revela que casi 9 de cada 10 trabajadores del Estado tienen deudas vigentes. En Salta, donde el sector público es motor económico, el impacto es particularmente preocupante.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) presentó resultados alarmantes sobre la situación económica de los empleados públicos nacionales. Según el relevamiento, el 87% de los estatales mantiene deudas vigentes, mientras que el 40% recurre a endeudamiento para cubrir gastos básicos como alquileres, salud y educación. Estos números reflejan el deterioro progresivo del poder adquisitivo que atraviesa el sector estatal en todo el país.
Para una provincia como Salta, donde el empleo público representa una porción significativa de la economía local y es fuente de estabilidad para miles de familias, estos datos son especialmente preocupantes. El relevamiento incluyó a empleados del Estado Nacional (47,8%), Provincial (41,7%), Municipal (5,8%), empresas estatales (2%) y otros ámbitos (2,7%), lo que permite visibilizar la magnitud del problema en todos los niveles administrativos donde trabajan nuestros vecinos.
El perfil de los encuestados con una edad promedio de 45 años muestra que se trata de trabajadores con trayectoria y responsabilidades familiares consolidadas. Que trabajadores con experiencia y estabilidad laboral deban recurrir a deudas para pagar servicios esenciales evidencia una crisis de ingresos estructural que afecta directamente la calidad de vida en comunidades como la nuestra, donde las familias de estatales son vertebrales en la economía barrial y local.
Esta situación plantea interrogantes sobre la viabilidad económica del modelo actual y sus consecuencias en el tejido social tartagalense. La erosión del poder adquisitivo de los empleados públicos no solo afecta a quienes dependen directamente de estos salarios, sino a toda la cadena de comercios, servicios y consumo que sustenta la economía regional.
