En pocos meses se sumaron 400 nuevos inscriptos a la nómina provincial, mientras las bajas apenas llegan a una o dos por mes. Detrás de cada número hay niños y niñas esperando una cuota que no llega.
El Registro de Deudores Alimentarios Morosos de Salta pasó de tener alrededor de 1.680 personas a principios de año a 2.080 en la actualidad. La cifra no es un dato frío: representa a cientos de familias salteñas, muchas del interior provincial, donde el incumplimiento de la cuota alimentaria golpea directamente la mesa de todos los días, la compra de útiles escolares, un par de zapatillas o un remedio urgente para un hijo o una hija.
El contraste entre altas y bajas es el dato que más preocupa. Mientras cada mes se suman nuevos nombres a un ritmo que en pocos meses sumó 400 inscripciones, las salidas del registro son mínimas: apenas una o dos regularizaciones mensuales, con picos excepcionales de hasta cuatro. Esa desproporción habla de un sistema que detecta con eficacia a quienes no cumplen, pero que encuentra enormes dificultades para que esos deudores efectivamente salden lo adeudado y vuelvan a hacerse cargo de sus responsabilidades.
Para una familia del interior salteño, lejos muchas veces de los tribunales y sin recursos para sostener un litigio prolongado, estar del lado de quien espera la cuota alimentaria implica una carga extra: trámites, idas y vueltas, y la incertidumbre de no saber cuándo o si ese dinero va a llegar. El registro funciona como una herramienta de presión legal sobre quienes no cumplen, pero el crecimiento sostenido de la lista deja en evidencia que la morosidad alimentaria sigue siendo una práctica extendida y naturalizada en buena parte de la sociedad salteña.
Detrás de cada expediente hay una historia distinta, pero el denominador común es el mismo: niños, niñas y adolescentes que dependen de un aporte económico que la ley reconoce como obligación y derecho, y que en la práctica muchas veces se convierte en una pelea desgastante para quienes tienen a cargo su crianza. El aumento constante de inscriptos en el registro no debería leerse solo como una estadística judicial, sino como un termómetro social que interpela a toda la comunidad sobre el peso real e invisible que recae sobre madres, padres y cuidadores que sostienen solos la crianza en Salta y en el interior de la provincia.
