La obra social de los mayores enfrenta la peor crisis en años con aranceles congelados, pagos atrasados y corrupción. Las provincias del interior, como Salta, enfrentan el riesgo de que clínicas y sanatorios corten atención a millones de afiliados.
La crisis del PAMI no es un problema lejano de Buenos Aires. El colapso de la obra social de los jubilados impacta directamente en Tartagal y toda la región salteña, donde miles de adultos mayores dependen de la atención en clínicas y sanatorios privados. Las principales cámaras que agrupan estas instituciones advirtieron que el deterioro del financiamiento compromete la garantía de atención integral exigida por ley desde 1971. Entre diciembre de 2023 y julio de 2026, la inflación general acumuló 241%, pero PAMI solo aumentó la cápita 110,55%: una brecha negativa del 131,96% que es insostenible.
La situación se agrava cada mes. Mientras que la medicina prepaga fue autorizada a subir 268,51%, el PAMI apenas ofrece incrementos de 1,9%. En la Patagonia, clínicas y sanatorios ya suspendieron parcialmente la atención y calculan un retraso de aranceles del 75%. Este lunes hubo una suspensión total en cuatro provincias patagónicas. ¿Cuánto tiempo falta para que Salta enfrente el mismo escenario? Las provincias del interior no tienen los recursos para absorber la demanda que rechace el sector privado, como ya sucede en Neuquén donde el sistema público debe atender a 70.000 afiliados de PAMI adicionales.
La pregunta que deberían hacerse las autoridades nacionales es inevitable: ¿quién paga esta crisis? No son los funcionarios corruptos denunciados internacionalmente ni los dirigentes que permitieron este colapso. Son los jubilados que formaron este país con su trabajo, y son las provincias como Salta que deben improvisar soluciones con presupuestos ya agotados. Sin un plan de rescate urgente del PAMI, el derecho a la salud de nuestros mayores seguirá siendo vulnerado desde el escritorio de funcionarios que viven ajenos a estas realidades.
