La demora legislativa en sancionar la Ley de Inocencia Fiscal II genera incertidumbre entre los contribuyentes salteños. ARCA analiza correr el plazo de presentación de la declaración jurada de 2025 hasta el 22 de septiembre.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) estudia postergar nuevamente el vencimiento de la declaración jurada del Impuesto a las Ganancias 2025, que actualmente expira el 27 de agosto. Según informó el organismo recaudador, se estima conveniente trasladar el plazo hasta el 22 de septiembre, mientras que los pagos de los anticipos de 2026 se distribuirían en los días 14, 15, 16 y 24 del mismo mes, según corresponda a cada categoría de contribuyente.
Esta nueva prórroga responde a las demoras del Congreso Nacional en tratar el proyecto de Inocencia Fiscal II, una reforma que busca modificar sustancialmente las reglas de juego para quienes deseen regularizar sus ingresos mediante el uso de dólares informales. El vencimiento original estaba fijado para junio, pero ya fue postergado a julio para dar tiempo a los legisladores a introducir cambios que permitan a los contribuyentes acceder a este nuevo régimen sin complicaciones.
El problema central radica en una disposición de la ley actual que resulta particularmente severa para contribuyentes de provincias como Salta: si la ARCA detecta una diferencia del 15% en los gastos declarados respecto a los realmente efectuados, se pierde automáticamente la presunción de inocencia, incluso por montos insignificantes. Un caso concreto ilustra lo injusto del sistema: si alguien gastó $10.000 pero declaró $7.000 una diferencia de $3.000, al ser esta mayor al 15% ($1.500), pierde toda protección legal aunque haya depositado u$s100.000 en su cuenta bancaria. Para trabajadores autónomos, comerciantes y profesionales del interior, donde los gastos son frecuentemente informales, esta regla resulta prácticamente imposible de cumplir.
En Tartagal y la región, donde la actividad económica depende fuertemente de pequeños comerciantes, transportistas y profesionales que muchas veces operan en la informalidad, estas indefiniciones legislativas generan parálisis y desconfianza. Cada prórroga es un reflejo de la desconexión entre Buenos Aires y las provincias: mientras desde el Congreso se demora la aprobación de cambios necesarios, en el interior se pierden oportunidades de regularización y se perpetúa la incertidumbre tributaria que ahuyenta la formalización.
