La presión social obligó al Gobierno a retirar el controvertido capítulo 3. En Salta, la medida genera alivio pero interrogantes sobre las verdaderas intenciones del oficialismo.
La caída del capítulo 3 de la Ley de Tierras marca un punto de quiebre en la gestión Milei. Las convocatorias a movilizaciones masivas en las redes sociales y en las calles, el Gobierno debió ceder ante la presión de una Argentina que rechazó frontalmente la posibilidad de permitir que extranjeros adquieran tierras productivas sin restricciones. Patricia Bullrich confirmó la retirada del capítulo más conflictivo tras reunirse con aliados políticos, aunque La Libertad Avanza mantiene intenciones de avanzar con el resto del proyecto legislativo.
La tierra es un recurso estratégico ligado a la producción agrícola, ganadera y la identidad territorial, esta noticia genera un respiro necesario. El interior del país históricamente vulnerable a decisiones centralizadas que no contemplaban sus realidades, logró nuevamente hacerse escuchar. Sin embargo, la pregunta que persiste es si el retroceso responde a una verdadera reconsideración del proyecto o simplemente a una retirada táctica que permita avanzar con cambios legislativos que, bajo otro formato, continúen fragilizando la soberanía sobre nuestras tierras.
Lo que quedó en evidencia es que la movilización social sigue siendo la herramienta más efectiva para frenar políticas que afecten directamente los intereses del país. Desde el Interior, debe mantenerse la vigilancia sobre los próximos movimientos del Gobierno respecto a qué contendrá el proyecto que finalmente llegará al recinto y cómo buscará, posiblemente por otros caminos, facilitar el acceso de capitales extranjeros a nuestros territorios.
