La nueva mandataria peruana anunció durante su investidura que el ejército liderará operaciones de seguridad en estados de emergencia, medida que despierta inquietud en la región sobre el fortalecimiento de poderes militares en democracias latinoamericanas.
Keiko Fujimori asumió la presidencia de Perú con un discurso que combinó promesas sobre seguridad ciudadana, inversión en primera infancia y respuesta a los efectos de El Niño en zonas rurales. Sin embargo, rápidamente el mensaje giró hacia medidas de carácter más autoritario, enfocadas en delegar facultades legislativas que empoderarían a las Fuerzas Armadas en operaciones de control interno.
El anuncio de un mayor uso de la inteligencia artificial y del fortalecimiento de los sistemas de inteligencia abre un nuevo capítulo en la estrategia del Gobierno nacional contra el crimen organizado. Sin embargo, el verdadero desafío estará en cómo esas herramientas tecnológicas se traducen en resultados concretos para las provincias fronterizas, donde el avance del narcotráfico, el contrabando y otros delitos complejos representan una preocupación creciente.
La mandataria peruana precisó que durante los estados de emergencia, las Fuerzas Armadas asumirán temporalmente el liderazgo de las operaciones de seguridad y del control del orden interno, en estrecha coordinación con la Policía Nacional, hasta restablecer plenamente la autoridad del Estado. Esta decisión marca un giro significativo hacia modelos de seguridad que históricamente han generado preocupación en América Latina, especialmente considerando los antecedentes autoritarios tanto de la región como de la propia familia Fujimori en Perú.
Estas noticias del vecino país resultan particularmente relevantes. En Salta y regiones fronterizas, los cambios en políticas de seguridad peruana impactan directamente en dinámicas de narcotráfico, migración y orden público. La militarización de la seguridad interior en Perú genera interrogantes sobre cómo afectará la coordinación binacional en control fronterizo y si establecerá precedentes que resuenen en debates locales sobre seguridad. La historia regional advierte sobre los riesgos de concentrar poder policial-militar sin controles legislativos efectivos.
