El intendente Gustavo Subelza celebró la prórroga de 120 días que otorgó ARCA a las nuevas restricciones aduaneras, pero advirtió que el reloj sigue corriendo para una economía local que ya empezó a sentir el golpe.
En Salvador Mazza el comercio no es un detalle de la economía regional: es la economía regional. Por eso, cuando la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) anunció que postergará 120 días la aplicación de las nuevas restricciones al comercio fronterizo, el intendente Gustavo Subelza lo recibió como un alivio, aunque sabe que se trata de tiempo prestado. Están cerrando empresas, resumió el jefe comunal, una frase que condensa lo que viene ocurriendo en los últimos meses en una ciudad que vive, trabaja y respira al ritmo del paso fronterizo con Bolivia.
La medida original de ARCA apuntaba a endurecer los controles sobre el movimiento de mercaderías en la zona de frontera, algo que en los grandes centros urbanos puede leerse como una simple actualización normativa, pero que en Salvador Mazza se traduce directamente en persianas bajas, empleados despedidos y familias que dejan de tener ingresos. No es un dato abstracto: detrás de cada comercio que cierra hay un changarín, un empleado de depósito, un vendedor ambulante o un transportista que dependía de ese movimiento para parar la olla. La frontera, para estas comunidades, no es una línea en un mapa sino la fuente de trabajo de buena parte del pueblo.
Subelza no se quedó solo en el festejo por la prórroga: adelantó que buscará llevar propuestas concretas a las mesas de trabajo que se abran en este período, con el objetivo de proteger tanto la actividad comercial como las fuentes laborales de la región. Esa decisión de involucrarse activamente, en lugar de esperar pasivamente la próxima resolución nacional, marca una diferencia importante para los municipios del interior, que históricamente quedan last in line a la hora de ser escuchados por los organismos centrales. Son justamente estos espacios de diálogo los que pueden evitar que, dentro de 120 días, la ciudad vuelva a estar en la misma incertidumbre.
El caso de Salvador Mazza vuelve a poner sobre la mesa una tensión que conocen bien los pueblos de frontera del norte argentino: las políticas de control aduanero y recaudación se diseñan muchas veces pensando en números nacionales, sin dimensionar el impacto social que generan en economías locales altamente dependientes del comercio transfronterizo. Para un vecino de Buenos Aires, una restricción aduanera puede ser una línea en una noticia económica; para un vecino de Salvador Mazza, puede ser la diferencia entre mantener el trabajo o sumarse a las filas de la desocupación. Que el Estado haya dado 120 días de respiro es una buena noticia, pero la verdadera prueba será si ese tiempo se usa para construir una solución de fondo o si apenas pospone un problema que, tarde o temprano, volverá a golpear la puerta de esta comunidad fronteriza.
