El máximo tribunal avaló el DNU 70/2023 y eliminó las restricciones que protegían el territorio nacional. Kicillof lideró el repudio y legisladores de distintos bloques ya piden que Diputados rechace el decreto.
La decisión de la Corte Suprema de dejar sin efecto los límites a la compra de tierras por parte de extranjeros encendió una alarma que va mucho más allá de los despachos porteños. El gobernador bonaerense Axel Kicillof fue el primero en ponerle nombre a la indignación: habló directamente del "fallo de la infamia", una definición que resume el malestar de buena parte de la dirigencia opositora frente a una resolución judicial que, en los hechos, borra de un plumazo una política de soberanía territorial construida durante años.
Para quienes vivimos en el norte argentino, esta discusión no es abstracta ni lejana. Salta, Formosa, Jujuy o Chaco son provincias donde la tierra todavía representa producción, arraigo y, en muchos casos, la última barrera frente al avance de intereses extranjeros sobre recursos estratégicos como el agua, el litio o los bosques nativos. Que un DNU firmado en Buenos Aires y ahora blindado por la Corte habilite sin restricciones la venta de esos territorios golpea de lleno a comunidades que históricamente quedaron afuera de las grandes decisiones nacionales, pero que terminan pagando las consecuencias en su vida cotidiana: menos tierra disponible para pequeños productores, mayor presión sobre campesinos y pueblos originarios, y un Estado cada vez más ausente a la hora de regular quién se queda con qué pedazo del país.
El pedido de varios legisladores para que la Cámara de Diputados rechace el DNU 70/2023 abre ahora una pulseada clave. No se trata únicamente de un debate jurídico sobre los alcances de un decreto, sino de una definición política sobre qué modelo de país se eligió sin que la ciudadanía lo discutiera a fondo. La convocatoria a movilizarse que surgió desde distintos sectores opositores busca instalar en la calle lo que, según denuncian, la Corte avaló en silencio: la pérdida de una herramienta que durante años actuó como freno, aunque imperfecto, a la extranjerización descontrolada del suelo argentino.
Mientras la disputa se traslada al Congreso, queda flotando una pregunta que interpela directamente al interior productivo: ¿quién protege la tierra cuando los organismos de control dejan de hacerlo? En Tartagal y en tantos otros puntos del país donde la propiedad rural todavía define el futuro de familias enteras, la respuesta ya no puede depender solo de lo que se resuelva en los tribunales de la Capital. La tierra, acá, sigue siendo sinónimo de trabajo, identidad y futuro, y ese debate recién empieza.
El fallo de la infamia
El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, calificó la decisión como el fallo de la infamia. La Corte acaba de tomar una decisión gravísima que afecta la soberanía nacional y la voluntad popular, escribió.Según Kicillof, el Gobierno recurrió a la Justicia porque no consiguió los votos necesarios en el Senado. Lo que no pudieron conseguir con el Congreso y con el pueblo, ahora pretenden conseguirlo a través del Poder Judicial, afirmó.
La mirada de un constitucionalista
El abogado Andrés Gil Domínguez explicó en Infobae en Vivo que, a partir de este fallo, Argentina no cuenta con una ley que proteja las tierras rurales frente a la extranjerización. Calificó la sentencia como dogmática y arbitraria.El especialista también cuestionó que la Corte le negara legitimación al CECIM de La Plata. ¿Quién más va a estar con legitimación procesal que un centro de excombatientes de Malvinas?, se preguntó.
Pedidos de movilización
El senador Mariano Recalde sostuvo que la Corte falló en contra de la Ley de Tierras que el pueblo defendió en las calles y convocó a una nueva marcha. En la misma línea, el diputado Germán Martínez responsabilizó al máximo tribunal y llamó al “pueblo en las calles” junto al rechazo pleno del DNU 70.La diputada Julia Strada pidió bajar ese DNU en el Congreso, mientras que el socialista Esteban Paulón reclamó una sesión especial urgente en Diputados. Desde el Frente de Izquierda, Myriam Bregman remarcó que solo hacen falta 10 firmas para convocarla y cuestionó que no aparezcan.
La diputada Victoria Tolosa Paz publicó el mensaje Argentina: se vende y cuestionó que tres jueces decidan por todo un país. La exsecretaria Legal y Técnica Vilma Ibarra, por su parte, señaló que la Corte “le permite a Milei gobernar por DNU” y reclamó que se muevan los diputados.
