Organizaciones salteñas del sector advierten sobre el impacto del Presupuesto 2027 y las reformas a la normativa de discapacidad, que consideran un retroceso en materia de derechos.
El debate por el Presupuesto 2027 volvió a poner en el centro de la escena un tema sensible para miles de familias salteñas: los cambios previstos sobre la ley de discapacidad. Lejos de los despachos legislativos y las cifras frías, la discusión llega directo a la vida cotidiana de quienes conviven con una discapacidad y de quienes los acompañan día a día, en Salta capital, en Tartagal y en cada rincón del interior provincial donde el acceso a prestaciones, pensiones y programas de inclusión ya suele ser más difícil que en los grandes centros urbanos.
La directora de Colibrí, Asociación Síndrome de Down de Salta, Irma Argañaraz, cuestionó con firmeza los cambios previstos y fue clara en su diagnóstico: sostuvo que las modificaciones implican un retroceso respecto del enfoque social y de derechos humanos que durante años costó consolidar. Su mirada no es un dato aislado, sino la voz de una organización que trabaja de cerca con familias que dependen de un sistema de protección que, según advierte, podría debilitarse.
La frase que resume el clima del sector es contundente: hay una incertidumbre muy grande. No se trata de una expresión menor. Para las familias del interior salteño, donde muchas veces ya existen dificultades para acceder a especialistas, transporte adaptado o turnos en centros de salud, cualquier retroceso en el marco normativo no es una abstracción legislativa: es la posibilidad concreta de perder una pensión, una prestación o un acompañamiento que hoy sostiene la vida diaria de una persona con discapacidad y de quienes la cuidan, generalmente madres, padres o familiares que además deben lidiar con las distancias y la falta de infraestructura propias de las localidades alejadas de la capital provincial.
El planteo de Argañaraz interpela directamente a la clase política y a la sociedad en su conjunto: ¿qué modelo de Estado se quiere construir cuando se discuten los recursos destinados a quienes más apoyo necesitan? El enfoque social y de derechos humanos, señalado como el que estaría en riesgo, no es solo una fórmula técnica: es la garantía de que la discapacidad se entienda como una cuestión de derechos y no de caridad o de ajuste presupuestario. En ese sentido, la advertencia de las organizaciones salteñas debería funcionar como una alerta temprana para que el debate del Presupuesto 2027 no avance sin escuchar a quienes, desde el territorio, conocen mejor que nadie las consecuencias reales de cada recorte o cambio normativo.
