El Senado dio sanción definitiva a la ampliación del régimen impulsado por el Poder Ejecutivo. La norma busca sumar contribuyentes y traer al sistema formal el ahorro que hoy circula fuera de los bancos, mientras en el interior del país miles de trabajadores siguen atados a la informalidad por necesidad, no por elección.
El Senado convirtió este jueves en ley el proyecto conocido como Inocencia Fiscal II, una iniciativa del Poder Ejecutivo que amplía el universo de contribuyentes habilitados para adherirse al régimen. El objetivo declarado es incorporar al circuito financiero formal una porción de los ahorros que hoy permanecen fuera de bancos y organismos de control, una práctica extendida en un país donde el dólar billete y el efectivo guardado en casas particulares siguen siendo, para gran parte de la población, la forma más confiable de resguardar el valor del trabajo.
La cifra que maneja el Gobierno es contundente: se estima que unos 170 mil millones de dólares se encuentran fuera del sistema financiero argentino. Es un número que, llevado a la escala de cualquier provincia del norte, resulta casi inimaginable, y que pone en evidencia una desconfianza estructural hacia el sistema bancario y fiscal que no se construyó de un día para el otro, sino tras décadas de crisis, corralitos y devaluaciones que golpearon con particular dureza a quienes menos margen tenían para amortiguar el impacto.
Desde una mirada federal, la pregunta que surge es quién termina beneficiándose realmente con este tipo de regímenes. En ciudades como Tartagal, donde buena parte de la economía se sostiene con changas, comercio de frontera y monotributistas que apenas llegan a fin de mes, la posibilidad de blanquear grandes sumas de dinero suena distante. La informalidad económica en el norte salteño no responde, en la mayoría de los casos, a una decisión de evadir impuestos con capitales ocultos, sino a la falta de acceso a créditos, a la precariedad laboral y a una estructura productiva que empuja a comerciar y trabajar por fuera del circuito bancario simplemente para sobrevivir. Ese matiz suele quedar afuera del debate porteño sobre blanqueos y moratorias.
La sanción de esta ley reabre, entonces, un dilema de larga data en la política económica argentina: mientras se diseñan herramientas para tentar a grandes tenedores de dólares a formalizar sus ahorros, la enorme masa de trabajadores informales del interior sigue esperando políticas concretas que faciliten su bancarización, el acceso a créditos productivos y una carga tributaria acorde a su realidad. Convertir en ley un régimen de este tipo puede ser un paso técnico relevante para las cuentas nacionales, pero su éxito real se medirá en si ese dinero blanqueado se traduce en inversión productiva que llegue también a las economías regionales, o si vuelve a quedar concentrado en los mismos circuitos de siempre.
