El Decreto 1266/2026 redefine el fondo fiduciario del beneficio, suma controles más estrictos y extiende la vigencia del esquema hasta 2031. El ajuste impacta a millones de hogares en todo el país y vuelve a poner en debate qué significa, en los papeles y en la vida cotidiana, vivir en una zona fría.
El Régimen de Zona Fría nació para compensar a quienes, por la geografía y el clima, destinan buena parte de sus ingresos a calefaccionar la casa durante gran parte del año. Desde la Patagonia hasta la Puna, pasando por sectores de cordillera y meseta, el beneficio funciona como un alivio tarifario que muchas familias incorporaron a su economía doméstica como algo estructural, no accesorio. Que el Gobierno nacional reordene ese esquema mediante el Decreto 1266/2026 no es un dato menor: hablamos de 3,35 millones de usuarios en todo el territorio argentino, una cifra que equivale a buena parte de la población de varias provincias juntas.
La reglamentación plantea dos movimientos centrales: por un lado, redefine el fondo fiduciario que sostiene financieramente el subsidio; por otro, incorpora nuevos mecanismos de control sobre quiénes acceden al beneficio y bajo qué condiciones. En criollo, el Estado busca ordenar un esquema que durante años acumuló reclamos por superposiciones, inconsistencias y falta de actualización de padrones. El problema es que, cada vez que se "ordena" un subsidio, suele haber un costado humano que paga el ajuste: hogares que durante años organizaron su presupuesto familiar asumiendo ese descuento en la factura de gas, y que ahora deberán readaptarse a una ecuación distinta, muchas veces sin margen económico para hacerlo.
Desde una mirada federal, la pregunta que más interesa en el interior del país es simple y concreta: ¿quién queda adentro y quién queda afuera? El decreto confirma la continuidad del régimen hasta 2031, lo cual da cierta previsibilidad de mediano plazo, pero el recorte sobre 3,35 millones de usuarios obliga a mirar con lupa qué localidades y provincias conservan el beneficio y cuáles pierden una ayuda que, en zonas de inviernos extremos, no es un lujo sino una necesidad básica para no elegir entre pagar el gas o pagar otras cuentas. En Salta, el debate tiene matices propios: mientras Tartagal y el norte salteño no integran tradicionalmente el padrón de Zona Fría por su clima cálido, sí hay departamentos de la Puna y zonas altoandinas donde el frío es una condición de vida durante buena parte del año, y donde cualquier modificación al régimen golpea directamente el bolsillo de familias que ya enfrentan costos logísticos y de infraestructura más altos que en los grandes centros urbanos.
Más allá de la letra fría del decreto, la discusión de fondo es política y social: cómo se financia un subsidio que es, en los hechos, una herramienta de equidad territorial frente a un país con geografías y climas profundamente desiguales. Ajustar controles y reordenar fondos puede ser razonable desde la gestión pública, pero el desafío real está en que ese ordenamiento no termine recayendo, una vez más, sobre los sectores que menos margen tienen para absorber un nuevo golpe al presupuesto familiar. La letra chica de qué ciudades exactamente quedan excluidas todavía debe difundirse con precisión, y será clave que los gobiernos provinciales y los propios usuarios puedan acceder a esa información de manera clara, antes de que el ajuste llegue, como siempre, en la próxima factura.
