El vencimiento del Decreto 514/2021, sin una prórroga publicada en el Boletín Oficial, generó alarma entre los trabajadores temporarios del campo. UATRE reclama certezas mientras Capital Humano asegura que la continuidad está garantizada.
La Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) encendió una luz de alerta a nivel nacional: unos 120.000 empleos rurales temporarios quedaron en una zona de incertidumbre después de que el Gobierno de Javier Milei dejara vencer, sin renovar, el Decreto 514/2021. Esa norma era la que permitía a los trabajadores rurales compatibilizar el empleo temporario registrado con determinadas prestaciones de protección social, un mecanismo que durante años funcionó como sostén para miles de familias que dependen de changas estacionales en el campo.
El decreto había sido prorrogado por última vez en octubre de 2025, pero su vigencia se agotó el 1° de septiembre de 2026 sin que hasta ese momento el Poder Ejecutivo publicara una nueva extensión. Este tipo de demoras administrativas, aunque parezcan un simple trámite burocrático desde los despachos porteños, tienen un correlato muy concreto en el interior del país: son las familias de las economías regionales tabacaleras, caña hortícolas, entre tantas otras, que sostienen la producción agropecuaria del norte argentino, las que dependen de esa compatibilidad para no perder ingresos ni cobertura social mientras esperan la próxima temporada de trabajo.
Desde Capital Humano intentaron llevar tranquilidad al señalar que el trámite para la renovación del régimen ya está en curso y que no debería haber interrupciones en su aplicación. Sin embargo, la falta de una publicación oficial en tiempo y forma deja a los trabajadores rurales en una posición de vulnerabilidad que no es menor: mientras el Estado nacional resuelve sus tiempos administrativos, son los trabajadores golondrina y sus familias quienes cargan con la incertidumbre de no saber si podrán sostener sus ingresos y su acceso a prestaciones sociales de un mes a otro.
El reclamo de UATRE pone sobre la mesa una discusión que excede lo técnico-jurídico y que interpela directamente a la agenda social del Gobierno nacional.
