La ministra de Seguridad Nacional intentó explicar por qué el comisario Gustavo Gauna fue captado de civil y armado en las inmediaciones del Congreso. Sabina Frederic cuestionó punto por punto sus argumentaciones.
La presencia de un policía de civil armado durante la protesta del jueves pasado en las inmediaciones del Congreso contra la ley de tierras volvió a encender el debate sobre el accionar de las fuerzas de seguridad en manifestaciones públicas. El efectivo fue identificado como el comisario inspector Gustavo Gauna, integrante de la Policía Federal, quien según registros fotográficos portaba armamento durante el acto de repudio.
La explicación fue el arma que aparece en la fotografía. Ante la consulta por el armamento, la ministra corrigió su primera apreciación y aseguró que no se trataba de una escopeta con munición convencional sino de un arma de estruendo.
Para la ministra, ese armamento tiene una función disuasiva y puede ser utilizado por los brigadistas.
El uso de armamento no letal, en este caso armamento de estruendo, es precisamente un armamento para disipar”, sostuvo.
Ante el cuestionamiento, la ministra de Seguridad Alejandra Monteoliva intentó justificar lo ocurrido. Es un integrante de la Policía Federal, un comisario a cargo de brigada de investigación. Los integrantes de esas áreas trabajan de civil y pueden llevar armamento no letal, explicó en su defensa. Sin embargo, su respuesta no convenció a la exministra Sabina Frederic, quien respondió de manera contundente: Es incorrecto lo que ella dice.
En nuestra provincia de Salta, donde las movilizaciones son frecuentes y donde los ciudadanos demandan mayor transparencia en el accionar estatal, la presencia de fuerzas de seguridad encubierto durante protestas genera inquietud sobre los protocolos de actuación. La distinción entre armamento letal y no letal poco importa cuando se trata de vigilancia encubierta en espacios de libre expresión, un derecho fundamental que debe garantizarse sin coerción velada.
El incidente expone nuevamente las tensiones entre el discurso oficial de seguridad y la realidad de las prácticas operacionales. Estos episodios refuerzan la percepción de que existen dobles estándares en la aplicación de políticas de orden público.
