Con 124 votos a favor, la Cámara baja aprobó cambios que agilizan los desalojos, modifican las reglas de expropiación y ponen límites a la compra de tierras por extranjeros. El proyecto, con modificaciones, vuelve al Senado antes de convertirse en ley.
La Cámara de Diputados dio media sanción a la Ley de Propiedad Privada con 124 votos a favor, una iniciativa que toca de manera directa tres cuestiones que atraviesan la vida cotidiana de miles de familias argentinas: el acceso a la vivienda, el destino de las tierras rurales y las reglas del Estado para expropiar. Al haber sufrido modificaciones durante el debate, el texto deberá regresar al Senado para una nueva votación, lo que significa que todavía no es ley y que su redacción final podría sufrir ajustes antes de entrar en vigencia.
Para los inquilinos, uno de los ejes más sensibles del proyecto es la agilización de los procesos de desalojo. En un contexto nacional donde alquilar se volvió cada vez más difícil con contratos cada vez más cortos, aumentos constantes y escasa oferta, acelerar los tiempos judiciales para recuperar una propiedad puede ser una herramienta necesaria para los propietarios, pero también un riesgo concreto para quienes atraviesan dificultades económicas y no logran sostener el pago del alquiler. En ciudades del interior como Tartagal, donde el mercado inmobiliario es más chico y la informalidad en los contratos es frecuente, cualquier cambio en las reglas de desalojo repercute de manera directa en familias que ya enfrentan una economía ajustada y pocas alternativas habitacionales.
El capítulo de las expropiaciones no es menor para el norte salteño, una región históricamente marcada por conflictos de tenencia de la tierra entre productores, comunidades originarias y el Estado. Nuevas condiciones para que el Estado pueda expropiar bienes implican, en los hechos, un cambio en el equilibrio de fuerzas entre el interés público y la propiedad privada. Mientras los defensores del proyecto lo presentan como una garantía mayor para quienes poseen una vivienda, un campo o un emprendimiento, desde una mirada social cabe preguntarse qué pasará con las políticas de acceso a la tierra para sectores vulnerables, obras de infraestructura pública o reclamos territoriales de comunidades indígenas, que muchas veces dependieron de mecanismos de expropiación o regularización dominial para avanzar.
El límite a la compra de tierras rurales por parte de extranjeros es, quizás, el punto que más resuena en una provincia como Salta, donde la extranjerización de grandes extensiones productivas viene siendo motivo de debate desde hace años. Para productores locales, pequeños propietarios y comunidades rurales del norte argentino, esta medida podría representar una protección frente a la concentración de tierra en manos de capitales extranjeros, un fenómeno que en regiones de frontera agropecuaria genera tensión entre el desarrollo económico y la soberanía sobre los recursos naturales. Sin embargo, el verdadero alcance de esta limitación recién se conocerá cuando el Senado revise el texto y la ley adopte su forma definitiva, por lo que será clave seguir de cerca los próximos pasos legislativos para entender cómo impactará, finalmente, en la vida de quienes alquilan, producen o sueñan con tener su propia tierra en el interior del país.
