La trampa que esconde la Ley de Tierras: el tope del 25% que no protege al Interior
El Gobierno negocia modificaciones que parecen proteger nuestros recursos, pero dejan sin límites la extranjerización a nivel departamental, donde se concentran el agua, el litio y las tierras productivas de provincias como Salta.
Mientras el Gobierno acelera negociaciones para aprobar la nueva Ley de Tierras, desde el peronismo advierten sobre una trampa legislativa que podría comprometer recursos estratégicos del Interior. Aunque en la superficie los cambios parecen significativos especialmente el establecimiento de un tope del 25% a la extranjerización que no existía en el texto original, especialistas provinciales señalan que la reforma tiene un agujero que vacía su efectividad protectora.
La ministra de Ambiente de Buenos Aires, Daniela Vilar, fue clara en su diagnóstico: el límite provincial del 25% es apenas una cortina de humo. La Ley vigente limita al 15% en tres niveles: nacional, provincial y departamental. El departamental es el que importa: ahí se concentran el agua, el litio, los glaciares y la tierra productiva, explicó.
Para provincias como Salta, donde la riqueza en litio, agua y recursos naturales se concentra en departamentos específicos, esta ausencia de límites es crítica. Sin restricciones departamentales, bastará que capitales extranjeros controlen unos pocos departamentos para extranjerizar nuestros recursos sin alcanzar nunca el tope provincial.
Ejemplo: los salares de Jujuy, Salta,Catamarca están concentrados en pocos departamentos, no hace falta comprar el 25 % de esas provincias para controlar el recurso estratégico.EL proyecto sostiene la derogación de protección de lagos,ríos y cuerpos de agua permanente habilita la compra de zona de frontera y elimina el tope de 1.000 ha. en zonas núcleo y limite del 30% por nacionalidad.
Esta negociación a contrareloj expone una vez más cómo las decisiones que afectan al Interior frecuentemente se toman desde Buenos Aires, sin considerar que el verdadero patrimonio estratégico del país se encuentra en nuestros territorios.
El país merece una ley que realmente proteja, no una que simule hacerlo mientras abre las puertas a la extranjerización silenciosa de lo que nos pertenece.




