Personal de carrera del organismo desvirtuó irregularidades penales alegadas en el proceso. Un auditor sostuvo que trámites administrativos fueron convertidos en denuncias judiciales.
En la continuidad del juicio Cuadernos, empleados de carrera de Vialidad Nacional comparecieron como testigos para cuestionar las acusaciones sobre irregularidades penales en la ejecución de obras públicas. Sus testimonios buscaron demostrar que muchas de las cuestiones señaladas como delictivas respondían, en realidad, a procedimientos administrativos convencionales propios de la gestión estatal.
Un auditor que declaró en el proceso fue enfático al señalar que cuestiones administrativas frecuentemente terminaban convertidas en denuncias judiciales sin una revisión exhaustiva del contexto. Según su perspectiva, los desajustes e irregularidades administrativas son normales en obras que se encuentran en ejecución, considerándolas parte del proceso inherente a cualquier proyecto de infraestructura de envergadura.
En la declaración de los testigos se enfatizó, un poco la sensación general de esa época era que cualquier informe podía ser susceptible de ser transformado en una denuncia penal, pero para nosotros, que conocíamos el organismo, eran cuestiones administrativas.
Estos testimonios plantean interrogantes sobre la distinción entre irregularidades administrativas y conductas penales. La obra pública es fundamental para el desarrollo, esta diferenciación resulta crucial: los gobiernos locales también enfrentan procesos judiciales sobre ejecución de proyectos, y los criterios aplicados en causas nacionales terminan teniendo impacto en procesos provinciales.
Los dichos de los trabajadores de Vialidad Nacional abren un debate necesario sobre cómo se evalúan las obras públicas en el país: si la rigidez excesiva en criterios judiciales sobre cuestiones administrativas puede desalentar la ejecución de proyectos de infraestructura en un contexto donde el Interior reclama más inversión y agilidad en gestión estatal.
