A través de un nuevo decreto, la administración nacional autoriza la enajenación de inmuebles del Estado en cuatro provincias, incluyendo Salta. Una medida que reaviva el debate sobre el patrimonio público en el territorio.
El Gobierno nacional avanzó esta semana con una nueva etapa de privatización de bienes estatales. Mediante el Decreto 764/2026, publicado el viernes en el Boletín Oficial, autorizó a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) a vender cuatro propiedades ubicadas en la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza y Tierra del Fuego. Simultáneamente, abrió procedimientos para subastar dos terrenos porteños adicionales, uno de ellos valuado en $3.900 millones.
Desde la gestión nacional argumentan que se trata de inmuebles con falta de afectación específica, uso indebido, subutilización o estado de innecesariedad. El objetivo declarado es doble: reducir gastos de mantenimiento y generar recursos para las arcas públicas. Sin embargo, desde la perspectiva del interior provincial, esta política requiere un análisis más profundo. Históricamente, el Estado ha mantenido terrenos en provincias como reserva para proyectos de infraestructura, desarrollo económico o servicios públicos que demanda la región. Su venta acelerada plantea interrogantes sobre la planificación territorial a mediano plazo.
Para Tartagal y la región norteña de Salta, la lección es clara: es fundamental que se transparenten cuáles son exactamente los inmuebles en cuestión y qué potencial de desarrollo local estamos cediendo. La venta de terrenos fiscales no es neutra; afecta la capacidad futura del Estado para responder a necesidades comunitarias y Comunidad Originarias, desde vivienda social hasta equipamiento público. La provincia debe estar atenta a que estos activos, si son enajenados, lo sean bajo condiciones que resguarden los intereses locales.
El dilema de fondo es el tradicional entre el Interior y Buenos Aires: mientras la capital concentra recursos y toma decisiones centralizadas sobre el patrimonio estatal, las provincias quedan condicionadas a esas definiciones. Es imprescindible que desde los gobiernos locales se demande información sobre qué tierras se venden, dónde están ubicadas y si existen alternativas para su aprovechamiento público antes de su transferencia a privados.
