Diputados de distintos bloques pidieron sesionar el 15 de octubre para debatir el megadecreto 70/23, la emergencia en discapacidad y el alivio a familias endeudadas. Todavía faltan 14 firmas para garantizar el debate.
El reloj político empezó a correr apenas horas después de que la Corte Suprema dejara el camino allanado para la extranjerización total de las tierras argentinas. Ese mismo contexto encendió la alarma en un sector de la oposición, que no tardó en mover fichas: el pedido de sesión para el jueves 15 de octubre a las 14 horas busca poner en jaque al DNU 70/23, el decreto que desde diciembre de 2023 reconfiguró buena parte del esquema económico y normativo del país, con consecuencias que todavía se sienten en los bolsillos de miles de familias del interior.
La lista de firmantes es, cuanto menos, elocuente. No se trata solo del peronismo y la izquierda, los sospechosos de siempre en este tipo de embates parlamentarios. Aparecen nombres como Miguel Pichetto, Martín Lousteau, Nicolás Massot, Marcela Pagano y Natalia de la Sota, lo que habla de un armado más amplio y heterogéneo del que el oficialismo quizás esperaba. Pero hay una firma que merece atención especial por lo que representa territorialmente: María Inés Zigarán, diputada que responde al gobernador radical de Jujuy, Carlos Sadir, un aliado que hasta hace pocas horas acompañaba a Javier Milei en su gira por Francia. Esa fisura dentro de un bloque que el gobierno consideraba propio es una señal que no puede pasar desapercibida, especialmente para las provincias del norte argentino, donde las alianzas políticas suelen pesar más que las etiquetas partidarias.
Mientras en los despachos porteños se cuentan firmas y se negocian voluntades, en el interior del país la discusión tiene un correlato muy concreto. La prórroga de la emergencia en discapacidad no es un tecnicismo legislativo: es la diferencia entre que una familia en Tartagal, en Salta o en cualquier localidad del norte argentino pueda sostener un tratamiento, un transporte adaptado o una pensión que llega tarde y mal. Lo mismo ocurre con el alivio para las familias endeudadas, una problemática que en economías regionales golpeadas por la devaluación y la inflación tiene un peso específico mucho mayor que en los grandes centros urbanos. Cuando se debate en el Congreso sobre créditos UVA o sobre el DNU que habilitó cambios profundos en materia económica, hay que recordar que detrás de esos expedientes hay personas que todos los días hacen cuentas para llegar a fin de mes.
Con 14 voluntades todavía pendientes para garantizar el quórum, la partida está lejos de definirse. La pregunta de fondo, sin embargo, trasciende la aritmética parlamentaria: ¿hasta qué punto el Congreso logrará representar las urgencias de quienes viven lejos de la Capital Federal y dependen de decisiones que se toman en Buenos Aires pero que impactan directamente en las provincias? La sesión del 15 de octubre será, en ese sentido, mucho más que una prueba de fuerza entre bloques: será una oportunidad para medir si la política nacional está dispuesta a escuchar las demandas reales de un interior que, muchas veces, solo aparece en la discusión pública cuando los números del quórum empiezan a pesar.
