Casi 500 trabajadores desvinculados en diferentes regiones. Tierra del Fuego, Mendoza y Entre Ríos son los epicentros de una ola de despidos que afecta sectores tecnológicos, alimenticios y textiles.
Una nueva ola de despidos sacude a las provincias argentinas, sumando presión sobre los gobiernos locales que ven cómo grandes empresas reducen su planta de personal. Los números son alarmantes: cerca de 500 trabajadores han sido desvinculados en Tierra del Fuego, Buenos Aires, Mendoza, Entre Ríos y Rosario, configurando un escenario de crisis laboral que trasciende las fronteras regionales y exige respuestas inmediatas de las autoridades provinciales.
El caso más crítico ocurre en Tierra del Fuego, donde el Grupo Mirgor, perteneciente a la familia Caputo, despidió a aproximadamente 300 trabajadores distribuidos entre dos plantas ubicadas en Río Grande: 223 empleados de la planta sobre calle Einstein y otros 73 de la nave 5, en Islas Malvinas.
Esta medida golpea directamente a una provincia que depende fuertemente de la industria. En Mendoza, la multinacional Unilever cerró su planta de Guaymallén, dejando sin empleo a 60 trabajadores que producían vegetales deshidratados para la marca Knorr.
En la provincia de Buenos Aires también hay frentes agitados. Esta semana, la textil deportiva Will Der S.A., conocida como Wilder, cerró sus plantas de Pacheco y de Las Flores, con cerca de 140 despidos entre ambas instalaciones.
Se trata de un proceso progresivo de reducción de personal. A la par, persiste en Mar del Plata un conflicto por 30 despidos en el exfrigorífico Sadowa.
Los trabajadores afectados se movilizaron al inicio de la semana a las puertas del establecimiento, denunciando que no se les pagaron las indemnizaciones correspondientes.
Estos despidos visibilizan la vulnerabilidad de las economías provinciales frente a decisiones corporativas concentradas en grandes grupos empresariales. Mientras algunas empresas como Unilever procesaron los despidos sin conflictos gremiales, la magnitud de las desvinculaciones plantea interrogantes sobre la capacidad de las provincias para retener inversión y empleo de calidad. Los gobernadores enfrentan ahora el desafío de articular políticas que protejan a los trabajadores y eviten el agravamiento de una crisis que ya impacta en múltiples sectores.
