La renuncia de Alejandro Vilches destapa la interna en la Secretaría Nacional de Discapacidad justo cuando se define cuánto dinero tendrá el área el año próximo. Para las familias del interior, el debate no es abstracto: de esos fondos depende el pago de pensiones, el transporte y la atención cotidiana.
Pablo Di Liscia quedó al frente de la Secretaría Nacional de Discapacidad tras la salida de Alejandro Vilches, en un recambio que llega en el peor momento posible: cuando se discute el presupuesto 2027 para un área que arrastra reclamos desde hace tiempo por la falta de recursos. El cambio de nombre en un organismo público suele leerse como un dato de color en la city porteña, pero para miles de personas con discapacidad y sus familias significa, en los hechos, la incertidumbre sobre quién va a tomar las decisiones que impactan directamente en sus vidas: desde la actualización de pensiones no contributivas hasta el financiamiento de prestadores y transporte especial.
En Salta, y particularmente en Tartagal y el norte provincial, la dependencia de las políticas nacionales de discapacidad no es un detalle menor. Buena parte de las familias no cuenta con obra social ni con la posibilidad de pagar terapias, transporte adaptado o insumos por fuera del sistema público. Cuando en Buenos Aires se discute "el presupuesto para discapacidad", en el interior eso se traduce en preguntas mucho más concretas: si va a llegar en tiempo y forma la pensión, si el prestador local va a poder sostener el servicio, si el traslado a una consulta médica en la capital provincial va a estar cubierto. La distancia geográfica multiplica la vulnerabilidad frente a cualquier recorte o demora administrativa que en el AMBA se resuelve con más rapidez.
La salida de Vilches, sin declaraciones públicas conocidas hasta el momento que expliquen los motivos, deja además una señal de fragilidad institucional en un área que necesita previsibilidad, no vaivenes de gestión. Las organizaciones de personas con discapacidad vienen reclamando desde hace tiempo mayor claridad en la ejecución de fondos y en los criterios de asignación de pensiones y certificados. Un recambio de autoridades en medio de la definición presupuestaria obliga, como mínimo, a preguntarse si Di Liscia continuará con los mismos lineamientos o si habrá un giro en la política del área, algo que todavía no se conoce en detalle.
Desde una mirada federal, la noticia interpela directamente a los gobiernos provinciales y municipales del norte salteño: cuanto más débil o discontinua sea la política nacional de discapacidad, mayor será la presión sobre los sistemas locales de salud y asistencia social, que ya operan con recursos limitados. La designación de Di Liscia debería ser, para las organizaciones y familias de Tartagal y la región, una oportunidad para exigir que el nuevo funcionario escuche también las realidades del interior y no solo las urgencias que se discuten puertas adentro en Nación. La discapacidad no espera: cada demora o recorte se siente primero, y más fuerte, lejos de la Capital.
