Auditoría Provincial detecta inconsistencias contables en la gestión municipal de Tartagal durante 2020
La Auditoría General de la Provincia identificó diferencias y falta de documentación respaldatoria en las cuentas del municipio. El informe recomienda al Concejo Deliberante observar los registros del ejercicio cuando Mario Mimessi era intendente.
La Auditoría General de la Provincia ha detectado irregularidades significativas en la Cuenta General del municipio de Tartagal correspondiente al año 2020, período en el cual Mario Mimessi ejercía como intendente. Según el informe oficial, las inconsistencias incluyen diferencias contables, omisiones en los registros y falta de documentación que respalde las operaciones realizadas, aspectos críticos para la transparencia fiscal de cualquier administración municipal.
El documento ya fue aprobado y remitido formalmente al actual intendente, Franco Hernández Berni, acompañado de una recomendación explícita dirigida al Concejo Deliberante para que proceda a observar las cuentas del ejercicio 2020. Esta medida representa un procedimiento administrativo necesario para mantener la integridad de los registros públicos y garantizar que los recursos comunitarios hayan sido utilizados conforme a las normas establecidas.
Para una ciudad como Tartagal, donde la gestión de recursos municipales es fundamental para el desarrollo local y la provisión de servicios básicos, estos hallazgos de auditoría constituyen un llamado importante a fortalecer los controles internos y los procedimientos documentales. La identificación de estas falencias en ejercicios anteriores ofrece la oportunidad de implementar mejoras que aseguren mayor rigor contable en las administraciones futuras.
El proceso de observación que deberá realizar el Concejo Deliberante es un mecanismo de control institucional que forma parte de los equilibrios democráticos locales. Su resolución final determinará las acciones correctivas necesarias y sentará precedentes importantes para la gestión transparente de las finanzas públicas en el municipio.
La Auditoría General de la Provincia (AGP) recomendó al Concejo Deliberante de Tartagal observar la Cuenta General del Ejercicio 2020, correspondiente al período en que Mario Mimessi estaba al frente del municipio. La decisión surge de un informe definitivo en el que se detectaron distintas inconsistencias en la información contable, presupuestaria y patrimonial presentada por la Municipalidad.
El dato adquiere relevancia porque la auditoría no se limitó a revisar la forma en que fueron presentados los números: también realizó comprobaciones aritméticas, cotejó presupuestos con ejecuciones, revisó movimientos bancarios, documentación respaldatoria, convenios y registros contables, además de comparar la información municipal con datos de la Provincia.
¿Los números no cerraban?
En varios puntos, efectivamente se encontraron diferencias.
Uno de los casos más concretos fue un excedente de recaudación de $6.184.065,70 que el Departamento Ejecutivo Municipal no incorporó formalmente al presupuesto como recurso ni registró su correspondiente contrapartida de gastos. La Auditoría señaló que esto generaba una diferencia negativa en el Estado de Ejecución Presupuestaria de Recursos porque la ejecución acumulada superaba los montos presupuestados.
La explicación presentada por el municipio fue que los recursos se computaban por el total efectivamente ingresado y que el excedente había sido utilizado para cancelar erogaciones corrientes. Sin embargo, la respuesta no alcanzó para levantar la observación, porque no se había formalizado la incorporación del excedente mediante la correspondiente modificación presupuestaria. Por esa razón, la Auditoría sostuvo que el presupuesto había quedado desactualizado tanto en los recursos como en su contrapartida de gastos.
Una diferencia de $7,6 millones en las obligaciones con proveedores
La Auditoría detectó que, al cierre del ejercicio, existían gastos que no habían sido cancelados, pese a que la información presentada por el Departamento Ejecutivo no reflejaba esa situación de manera consistente. El resultado fue un incremento de $7.669.265,72 en las obligaciones con proveedores.
Para la AGP, la falta de procedimientos adecuados para conciliar las obligaciones devengadas con los pagos efectivamente realizados generaba inconsistencias entre el Estado de Ejecución Presupuestaria de Gastos y el Estado de Deuda. La observación fue mantenida.
El municipio atribuyó parte del problema a deficiencias del sistema de registración utilizado en 2020, que no permitía contar con información suficiente sobre las distintas etapas del gasto.
También faltaron $56 millones en la exposición de Caja y Bancos
Otro número significativo aparece en la revisión de los movimientos financieros.
La Auditoría determinó que durante 2020 hubo una variación positiva de $56.056.495,29 en Caja y Bancos que no fue expuesta correctamente en el Estado de Ejecución Presupuestaria de Gastos.
No se trata, según el informe, de que la Auditoría haya determinado que esos $56 millones hubieran desaparecido. El problema señalado fue que la variación no había sido registrada y expuesta de la manera que exigía la normativa, lo que afectaba la integridad de la información financiera presentada.
$3,1 millones que tampoco fueron registrados
La AGP detectó además que el municipio no había registrado correctamente $3.103.414,08 correspondientes a Fondos de Reparos retenidos por el Instituto Provincial de Vivienda (IPV).
Esos fondos constituían un crédito a favor de la Municipalidad, pero no fueron incorporados adecuadamente a los registros patrimoniales ni recibieron el tratamiento presupuestario correspondiente. La explicación municipal vinculó la omisión con las dificultades de acceso a información durante la emergencia sanitaria de COVID-19. Sin embargo, la Auditoría sostuvo que la documentación necesaria estaba en poder del municipio y mantuvo la observación.
Una diferencia de $700 mil y 457 inmuebles que no figuraban en el inventario
En el patrimonio municipal también aparecieron inconsistencias.
La información de la Dirección General de Inmuebles indicaba que los bienes inmuebles municipales alcanzaban $2.961.142,30, mientras que la Municipalidad había registrado $2.260.633. La diferencia era de $700.509,30.
Además, la Auditoría encontró 457 registros catastrales a nombre de la Municipalidad que no estaban incorporados al inventario patrimonial presentado como respaldo del Estado de Situación de Bienes.
En este caso, la propia respuesta municipal atribuyó la diferencia a una falta de actualización del listado de inmuebles, calificada como una omisión y error administrativo. La Auditoría mantuvo la observación.
Un programa de $20,3 millones sin documentación suficiente
Uno de los puntos más sensibles está relacionado con el programa Tartagal Trabaja.
La Municipalidad no presentó a la Auditoría documentación justificativa sobre $20.340.482,43 vinculados con subsidios por contraprestación. Entre la documentación requerida figuraban los listados de beneficiarios, cronogramas de tareas, altas y bajas, procesos de pago y las actividades realizadas.
Ante la falta de esa documentación, la Auditoría señaló que no pudo verificar que el pago efectuado a cada beneficiario fuera acorde con las prestaciones realizadas, ni pudo aplicar procedimientos alternativos que permitieran alcanzar una certeza razonable. No significa que la AGP haya determinado que esos fondos fueron malversados.
Tampoco se incorporó la información de Tartagal Productiva
La Cuenta General de 2020 tampoco incluyó la información contable y presupuestaria correspondiente a Tartagal Productiva S.E., una sociedad del Estado municipal.
La Auditoría sostuvo que, aunque la sociedad no debía consolidar sus estados contables con la Administración Central, su información debía incorporarse a la Cuenta General como anexo independiente. La omisión fue considerada una debilidad de los controles internos y la observación se mantuvo.
¿Qué dijo Mimessi?
El informe definitivo señala que el exintendente Mario Mimessi presentó respuestas y aclaraciones al informe provisorio. La Auditoría evaluó esas explicaciones y, como resultado, levantó 17 observaciones que habían sido formuladas originalmente. Otras fueron levantadas parcialmente, mientras que aquellas cuyas respuestas fueron consideradas insuficientes permanecieron en el informe definitivo.
Por eso, el dato central no es que todas las observaciones originales hayan quedado vigentes: 17 fueron aclaradas y levantadas. Pero las restantes fueron suficientes para que la AGP recomendara al Concejo Deliberante observar la Cuenta General 2020.
Qué significa que las cuentas sean «observadas»
La observación no equivale por sí misma a una condena ni a la comprobación de un delito. En este caso significa que la Auditoría encontró deficiencias, inconsistencias u omisiones que impiden considerar la Cuenta General como plenamente satisfactoria y, por eso, aconsejó que el Concejo Deliberante la trate bajo esa condición.
El informe muestra un problema de fondo: la dificultad del municipio para demostrar con documentación y registros contables consistentes cómo se movieron determinados recursos durante 2020, un año particularmente difícil para los gobiernos en general por la pandemia.
La propia Auditoría concluyó que las deficiencias de control interno y las observaciones contables requerían medidas correctivas, entre ellas formalizar procedimientos de control, fortalecer la auditoría interna, mejorar los circuitos administrativos de recaudación y gasto y preservar adecuadamente la documentación respaldatoria.
