El Gobierno eliminó normativas que durante 35 años protegieron la producción del norte. Cooperativas agrícolas advierten sobre riesgos sanitarios mientras el Estado sostiene que moderniza los mecanismos de fiscalización.
La Secretaría de Agricultura nacional deroga ocho resoluciones fitosanitarias mediante la Resolución 114/2026, entre ellas tres normas clave que desde 1994 regulaban el ingreso de bananas importadas en las provincias del norte. La medida genera preocupación en productores locales que, desde hace más de tres décadas, operaban bajo un esquema sanitario específico diseñado para evitar el ingreso de plagas y enfermedades que podrían afectar la producción agrícola regional.
Juan Pablo Della Villa, vocero de la cooperativa Ecas(Empresa Cooperativa de Alimentos Soberanos), advirtió que la desregulación representa un riesgo crítico para los campos del norte argentino. Todos los productores con los que hablamos están en alerta. Si alguna de esas pestes entrase en los campos, la situación puede ser crítica, señaló en una entrevista radial Am 750. La inquietud refleja la vulnerabilidad de economías regionales que dependen de la producción agrícola y que históricamente han confiado en estas barreras fitosanitarias para proteger su patrimonio productivo.
Desde el Gobierno argumentan que las normas derogadas habían perdido vigencia práctica y que serían reemplazadas por mecanismos más modernos de evaluación, trazabilidad, digitalización y fiscalización. Sin embargo, la falta de claridad sobre cómo operarán estos nuevos controles genera dudas en el sector. Para Salta y Jujuy, históricamente marginadas de las prioridades nacionales, esta modernización sin transición explícita suena más a desprotección que a actualización.
La decisión refleja una tensión entre la apertura comercial nacional y la protección de economías regionales. Mientras se espera confirmación sobre cómo funcionarán los nuevos mecanismos de control, los productores del norte permanecen en vilo, reclamando que cualquier cambio normativo considere los riesgos específicos de sus territorios antes de implementarse.
