Análisis de más de mil operaciones entre 2024 y 2026 revela un patrón que vincula desembolsos con momentos legislativos clave. La denuncia se tramita en tribunales federales.
Un nuevo escrito presentado ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°10 profundiza en la investigación sobre posibles irregularidades en los pagos destinados a obras viales. Según el análisis presentado por Pagano, la documentación oficial permitiría sostener una hipótesis de sincronización entre determinados desembolsos y momentos de especial relevancia legislativa en el Congreso Nacional.
El estudio procesó 1.077 operaciones realizadas entre enero de 2024 y mayo de 2026, comparándolas exhaustivamente con un calendario de 35 votaciones parlamentarias. Para este análisis se utilizaron ventanas de tres días considerando la víspera, el día de sesión y el día posterior, además de una ventana de sensibilidad ampliada a siete días. La metodología empleada busca identificar patrones que pudieran evidenciar una relación causal entre desembolsos y decisiones legislativas.
Según el análisis incorporado a la presentación, los días 10 y 11 de junio de 2024 se concentraron desembolsos por $5.367 millones, inmediatamente antes de la votación de la Ley Bases en el Senado.
El documento también señala que alrededor de la aprobación definitiva de la norma en Diputados, el 27 de junio, se registraron otros $3.262 millones, de los cuales $992 millones fueron destinados al corredor vial que comprende Tucumán, Salta, Jujuy, Catamarca, Chaco y Formosa.
Otro de los movimientos observados ocurrió el 9 de octubre de 2024, cuando se pagaron $3.186 millones, en coincidencia con la jornada en la que el Congreso no logró revertir el veto presidencial al financiamiento universitario.
La presentación incorpora además cinco transferencias efectuadas el 12 de diciembre de 2024 a la Dirección Provincial de Vialidad de Misiones, por un total de $3.192 millones. De acuerdo con el escrito, esa suma equivalía al total recibido por esa provincia durante todo ese año.
El análisis correspondiente a 2025 incorpora nuevos movimientos y plantea una cuestión diferente. Según la denunciante, hubo tres concentraciones particularmente importantes: $6.596 millones el 21 de marzo, $7.895 millones el 7 de mayo y $20.983 millones entre el 18 y el 23 de agosto.
También aparecen operaciones puntuales que el documento vincula temporalmente con decisiones legislativas. Entre ellas, un pago de $797 millones a la Vialidad de Misiones realizado el 13 de febrero de 2025, un día después de la media sanción del proyecto de Ficha Limpia en Diputados.
Otro caso mencionado corresponde a un desembolso de $945 millones a la Vialidad de Tucumán, efectuado el 21 de agosto, en la misma jornada en que el Senado rechazó decretos delegados que incluían la disolución de organismos, entre ellos la Dirección Nacional de Vialidad.Salta, históricamente dependió de transferencias nacionales para infraestructura vial, que requieren certeza sobre la asignación transparente de fondos.
Si se confirmara una vinculación entre pagos y votaciones legislativas, quedaría expuesta una distorsión grave en la distribución de recursos que afecta directamente a comunidades como Tartagal y otras localidades que necesitan obras viales urgentes.
Desde 3873Noticias, creemos que el verdadero debate debe estar puesto en la transparencia de la distribución de los recursos públicos.Porque detrás de cada transferencia destinada a vialidad existe una necesidad concreta: una ruta que necesita mantenimiento, un camino productivo, una comunidad que necesita conectividad o una región que depende de esa infraestructura para poder sacar su producción.
La causa continúa en etapa de investigación judicial. Los próximos pasos determinarán si los indicios presentados constituyen pruebas suficientes de irregularidades administrativas. Mientras tanto, la sociedad local sigue atenta a un proceso que podría tener implicaciones directas en cómo se asignan y ejecutan los recursos destinados al desarrollo vial de la región.
