Siete detenidos, entre ellos mujeres y menores, tras protesta contra desalojo ordenado judicialmente en Humahuaca. Dirigentes políticos denuncian uso desproporcionado de la fuerza institucional.
Un nuevo episodio de violencia institucional se registró ayer a la tarde en la provincia de Jujuy cuando efectivos policiales reprimieron con balas de goma a integrantes de la comunidad originaria Santa Rosa, ubicada en Humahuaca. El operativo de desalojo, ordenado por el juez Juan Pablo Calderón, derivó en enfrentamientos donde la policía avanzó con escudos y munición de goma contra pobladores que intentaban frenar la medida, entre ellos mujeres y menores de edad.
Según denunció la diputada del PTS Natalia Morales a través de redes sociales, al menos siete personas fueron detenidas durante la represión. Aunque los menores fueron posteriormente liberados, la detención de adultos y la forma en que se ejecutó el operativo generó rechazo inmediato. Los videos publicados en plataformas digitales muestran la desproporción de fuerzas: efectivos en formación táctica contra comuneros que resistían pacíficamente el desalojo.
Estos hechos reavivan la preocupación sobre cómo se ejecutan medidas judiciales en territorios indígenas. La represión a comunidades originarias sigue siendo un patrón recurrente que tensiona la relación entre instituciones estatales y pueblos ancestrales. En una región como el NOA, donde la tenencia de tierra es central en la identidad y supervivencia de comunidades, el uso de la fuerza contra protestas pacíficas plantea interrogantes sobre el acceso a justicia y debido proceso.
Dirigentes políticos ya exigieron la liberación inmediata de los detenidos y condenaron la violencia institucional. El caso vuelve a exponer la necesidad de revisar protocolos de represión y garantizar que operativos de desalojo respeten derechos humanos, especialmente cuando involucran a poblaciones vulnerables como pueblos originarios.
