La ex diputada libertaria Marcela Pagano presentó una denuncia penal acusando al ministro de Economía y al titular del BCRA de no justificar el destino de casi 4 billones de pesos. Caputo respondió anunciando una querella por calumnias.
La tensión dentro del espacio libertario escaló cuando Marcela Pagano, ex diputada del mismo movimiento, presentó una denuncia penal contra el ministro de Economía Luis Caputo y el presidente del Banco Central Santiago Bausili. El motivo: la falta de explicaciones públicas sobre el destino de casi 4 billones de pesos de fondos públicos que, según Pagano, quedaron sin destino públicamente trazable. La acusación genera interrogantes sobre la transparencia en la administración de recursos que afectan directamente a toda la población argentina.
Nuestra provincia, siente con mayor intensidad el impacto de las decisiones económicas nacionales, esta controversia reviste particular importancia. Los fondos públicos cuestionados representan recursos que podrían haber sido destinados a infraestructura, salud, educación, rutas, donde las necesidades son apremiantes. Pagano cuestionó directamente las explicaciones brindadas por las autoridades económicas, enfatizando que la plata de los argentinos no se pierde, no se esconde y no se administra en una caja negra. Esta posición refleja un reclamo legítimo que trasciende las divisiones partidarias.
La respuesta de Caputo fue inmediata y confrontacional. El ministro aseguró que los fondos tienen pública trazabilidad y anunció que iniciará acciones legales contra Pagano mediante una querella por calumnias. Incluso afirmó que cualquier compensación económica que obtenga será donada a instituciones de bien público. Sin embargo, estas declaraciones no responden directamente a la exigencia de transparencia que plantea la ex diputada, generando más dudas que certezas sobre la administración de recursos tan significativos.
En un contexto donde la credibilidad institucional es fundamental para que políticas económicas difíciles sean aceptadas por la población, la falta de claridad sobre el destino de 4 billones de pesos alimenta la desconfianza. Los tartagalenses y los salteños, como el resto de los argentinos, merecen explicaciones públicas, detalladas y verificables sobre cómo se utilizan sus impuestos. Que esta exigencia provenga de una integrante del mismo movimiento político que gobierna le da mayor peso. La respuesta legal de Caputo, en lugar de abordar la cuestión de fondo, sugiere una preferencia por la confrontación sobre la transparencia.
