El anteproyecto de Ley Agraria redactado por Giberti de 1974 propuso que la tierra cumpliera una función social. Fue la chispa que encendió la conspiración de CAN y la SRA contra el gobierno elegido.
La historia agraria argentina guarda episodios que explican nuestro presente. El 5 de marzo de 1974, cuando La Nación filtró el anteproyecto de Ley Agraria redactado por el ingeniero Giberti, se reveló una intención que las corporaciones rurales no estaban dispuestas a tolerar, subordinar la propiedad de la tierra a una función social.
No era un detalle menor, era el nudo de la cuestión que separaba dos visiones irreconciliables del país.
La propuesta contenía artículos que tocaban los nervios más sensibles del ruralismo oligárquico: la indivisibilidad de parcelas menores a dos Unidades Económicas, limitaciones a la compra de tierras por extranjeros en zonas de frontera, y exigencias de residencia de cinco años para acceder a tierras del Consejo Agrario Nacional. Mientras el gobierno buscaba ordenar la estructura agraria pensando en el interés colectivo, CAN y la SRA vieron en estas medidas una amenaza existencial a su poder.
Si la tierra debía servir a la sociedad y no solo a los grandes propietarios, el modelo concentrador que habían defendido durante décadas se desmoronaba.El latifundio y la inequidad rural son problemas estructurales, resulta clarificador recordar que los golpes de Estado no caen del cielo. Se tejen en despachos de poder, se conspiran entre sectores que sienten amenazados sus privilegios.
El golpe de 1976 no fue una sorpresa: fue el resultado de una conspiración que arrancó en 1973, y que encontró en la propuesta de reforma agraria de 1974 su justificación final. Cincuenta años después, en nuestras provincias del Interior seguimos pagando el costo de aquella derrota: tierras concentradas, comunidades desplazadas, soberanía alimentaria vulnerada.
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