La familia acusa al funcionario de intentar condicionar la declaración del padre de Florencia para incriminar al policía que facilitó el traslado de emergencia.
Un nuevo capítulo de controversia rodea el caso de la joven baleada en Tartagal. Según denunció el abogado defensor de la familia, el fiscal Pablo Cabot habría ejercido presión sobre el padre de Florencia para que modificara su relato de los hechos. La acusación apunta a que el funcionario le solicitó que en su denuncia culpara al efectivo policial que colaboró activamente en el traslado de emergencia de la víctima hacia el hospital, acción que resultó decisiva para preservar su vida.
Esta acusación de coacción abre interrogantes sobre los procedimientos investigativos en casos de esta magnitud. Desde una perspectiva local, resulta preocupante que en Tartagal y la región norte de Salta se cuestione la independencia e imparcialidad de la investigación en un hecho que ha generado tensión social. Los ciudadanos del interior provincial esperan que la justicia actúe con claridad y transparencia, sin condicionamientos que distorsionen los hechos documentados.
El rol de los agentes policiales que actuaron de manera humanitaria no debería ser objeto de persecución. Cuando existe responsabilidad en actos violentos, es deber de la justicia esclarecerla sin presiones, pero también sin penalizar a quienes cumplieron un acto de solidaridad. Esta situación pone en evidencia la necesidad de que los fiscales del Interior trabajen con criterios estrictamente objetivos.
La comunidad tartagalense continúa atenta al desarrollo de esta investigación. Es fundamental que las instituciones de justicia restauren la confianza de la ciudadanía actuando con independencia y rigurosidad, alejadas de presiones que comprometan la verdad de los hechos. Solo así se podrá garantizar justicia real para la víctima y seguridad institucional para todos.
