Los jueces Rosatti, Rosenkrantz y Lorenzetti firmaron la resolución que obliga al Gobierno a cumplir con la ley. El fallo llega tras dos años de conflicto entre la Nación y las casas de estudio.
La Corte Suprema de Justicia dejó firme la cautelar que ordena al Gobierno Nacional aplicar la ley de Financiamiento Universitario. La resolución fue rubricada por los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, en lo que representa un respaldo institucional a una demanda histórica del sector académico.
Esta decisión llega tras un acuerdo alcanzado entre Nación y las universidades que finalmente destraba un conflicto que se extendía durante dos años.Las universidades nacionales funcionan como motor de desarrollo local, atrayendo estudiantes y generando dinámicas económicas en comercios, hospedajes y servicios. Un financiamiento precario afecta directamente la calidad educativa y la retención de matrícula en instituciones del interior, profundizando brechas con centros urbanos más grandes.
El fallo de la máxima instancia judicial también representa un límite al poder ejecutivo en materia presupuestaria.
Que la Corte intervenga para asegurar el cumplimiento de una ley sancionada por el Congreso reafirma el estado de derecho y la división de poderes, principios fundamentales para la gobernanza democrática que impactan en la seguridad jurídica de inversiones y emprendimientos locales.Ahora el desafío es que este acuerdo se traduzca en recursos efectivos que lleguen a las universidades del interior, permitiendo que instituciones educativas de Tartagal y zona puedan ofrecer carreras competitivas y retener talento en la región.
