Denuncia por presunta violencia laboral en el Concejo de Tartagal: dos presentaciones judiciales y una respuesta institucional todavía pendiente
Conflicto interno en el Concejo Deliberante: el presidente confirmó denuncias cruzadas.
El presidente del Concejo Deliberante de Tartagal, Sergio González, confirmó que la Secretaría Legislativa presentó una nota en la que manifestó haberse sentido víctima de violencia laboral de carácter verbal por parte del concejal Manuel Moreno.
Según explicó, el planteo fue incorporado al temario y leído durante la sesión. También indicó que ambas personas habrían realizado denuncias, por lo que afirmó que aguardará una decisión judicial antes de adoptar medidas definitivas.González sostuvo que su intervención inmediata será evitar nuevos enfrentamientos y resguardar tanto a la trabajadora como al concejal.
Sin embargo, la entrevista dejó abierta la discusión sobre qué herramientas internas posee el Concejo para actuar preventivamente, incluso antes de que exista una resolución judicial.
Durante la entrevista en la mañana de Pocho por 101.5 fm Sol del Norte aclaró que, de acuerdo con la información que maneja, no se habría denunciado una agresión física, sino una situación verbal.
El presidente, sostuvo que tanto el concejal como la secretaria legislativa habrían recurrido a la Justicia.El presidente señaló que el sector no cuenta con cámaras que hayan registrado el incidente.
Esto implica que la investigación dependerá de testimonios, documentos, mensajes u otros elementos que puedan aportar las partes. También abre un interrogante sobre las condiciones de seguridad y prevención dentro de un edificio público donde trabajan concejales, personal legislativo y ciudadanos.
El presidente, afirmó que asumirá un rol de intermediación para evitar nuevos roces o faltas de respeto entre las personas involucradas.La exposición pública de una denuncia sensible exige especial cuidado. Debe preservarse el derecho a la defensa, pero también evitar que la persona denunciante sea revictimizada, cuestionada públicamente o expuesta más allá de lo necesario.El titular del cuerpo reiteró que esperará lo que determine la Justicia.
Sin embargo, no informó si se abrió: un expediente administrativo; una instancia de intervención laboral; un protocolo de prevención o una medida provisoria para separar los espacios de trabajo.Una denuncia de violencia laboral no puede resolverse mediante rumores, enfrentamientos políticos ni exposiciones públicas apresuradas.
Tampoco debería quedar paralizada hasta que termine un proceso judicial que puede extenderse durante meses.La presunción de inocencia debe ser respetada, pero también debe garantizarse el derecho de la persona denunciante a trabajar en un ámbito seguro. Ambos principios pueden coexistir si la institución actúa con protocolos claros, confidencialidad y medidas preventivas que no impliquen una sanción anticipada.
El Concejo Deliberante no solo legisla y controla al Ejecutivo. También es un empleador público y, como tal, debe ofrecer un entorno laboral libre de hostigamientos, intimidaciones y tratos degradantes.La transparencia no consiste en exponer detalles sensibles, sino en informar qué procedimiento se activó, quién interviene y cuáles son las garantías para cada parte.




