El fiscal Raúl Pleé desistió de apelar el cierre de la investigación por el préstamo más grande de la historia del FMI. La decisión acerca el expediente a un final sin responsables, mientras las consecuencias del endeudamiento siguen pesando sobre la economía de las provincias.
La causa que investigaba el acuerdo firmado por el gobierno de Cambiemos con el Fondo Monetario Internacional quedó a un paso del archivo definitivo. El fiscal ante la Cámara Federal de Casación Penal, Raúl Pleé, dictaminó desistir de la apelación que buscaba reabrir la investigación contra el expresidente Mauricio Macri, el actual ministro de Economía Luis Caputo y el extitular del Banco Central Federico Sturzenegger. Con ese movimiento, el expediente judicial pierde el último sostén procesal que mantenía viva la posibilidad de que un tribunal revisara las responsabilidades políticas y económicas detrás del endeudamiento.
El dictamen no es un detalle menor en el calendario judicial argentino: se trata del cierre de la causa que investigaba el otorgamiento del crédito más grande en la historia del Fondo Monetario Internacional, un préstamo que comprometió al país por décadas y que fue tomado en 2018 en medio de una fuerte corrida cambiaria. La decisión de Pleé de no insistir con la apelación deja en evidencia una vez más la dificultad del sistema judicial argentino para avanzar sobre decisiones de política económica tomadas en los despachos del poder, por más que esas decisiones hayan tenido un impacto directo y prolongado sobre la vida de millones de argentinos.
Ese impacto no es abstracto para quienes viven lejos de los tribunales porteños. En Tartagal, en el norte salteño y en tantas localidades del interior, los compromisos asumidos con el FMI se tradujeron durante años en ajustes fiscales, recortes de obra pública, freno a programas sociales y presión constante sobre las economías regionales que dependen de la inversión del Estado nacional. Mientras la causa se diluye en tecnicismos procesales, son los trabajadores, los jubilados, los comerciantes y las familias del interior quienes siguen pagando, de manera concreta y cotidiana, las consecuencias de una deuda que no eligieron contraer y sobre la que nunca fueron consultados.
El archivo de esta causa vuelve a instalar un interrogante que excede lo jurídico: ¿quién responde cuando una decisión económica de semejante magnitud termina condicionando el desarrollo de todo un país, especialmente de las provincias más postergadas? La falta de respuestas judiciales no borra el daño social ya producido, pero sí consolida una sensación extendida en el interior profundo: la de que las grandes decisiones se toman en Buenos Aires y las consecuencias se pagan, sobre todo, en el resto del territorio nacional.
