El delegado gremial de APPAMIA, Benito Mena, cuestionó el manejo de los recursos del organismo y advirtió sobre un proceso de desfinanciamiento que compromete la cobertura médica de los adultos mayores.
La preocupación por el futuro del PAMI vuelve a instalarse en la agenda pública, y esta vez la voz de alarma llega desde adentro del propio sistema de salud. Benito Mena, delegado gremial de APPAMIA, expuso en el programa No es una tarde cualquiera, un panorama que inquieta tanto a los trabajadores de la salud como a los miles de jubilados que dependen de la obra social para sostener sus tratamientos, controles y medicamentos.
Para una persona mayor del interior del país, el PAMI no es un trámite más: es, muchas veces, la única puerta de acceso a la salud. En ciudades como Tartagal, donde las alternativas privadas son escasas o directamente inexistentes para gran parte de la población jubilada, cualquier recorte o demora en los pagos a prestadores se traduce de inmediato en menos turnos, menos insumos y mayor incertidumbre para quienes ya atraviesan una etapa de la vida que exige cuidados constantes. No se trata de una discusión abstracta de números en Buenos Aires: se trata de si un abuelo o una abuela van a poder retirar su medicación a tiempo o conseguir un estudio médico sin trabas.
Durante la entrevista, Mena cuestionó el manejo de los recursos del organismo y aseguró que el PAMI atraviesa un proceso de desfinanciamiento que repercute directamente sobre la capacidad de atención. Sus declaraciones ponen en palabras lo que muchos profesionales de la salud vienen observando en el día a día: la dificultad creciente para sostener prestaciones de calidad en un contexto donde los fondos no alcanzan a cubrir las necesidades reales del sistema. La mirada de un delegado gremial, que convive a diario con las consecuencias concretas de esta situación, aporta un testimonio valioso para entender el problema más allá de los informes oficiales.
El reclamo de APPAMIA interpela no solo a las autoridades del organismo, sino también a la sociedad en su conjunto, porque habla de un derecho adquirido el de una vejez digna y con cobertura de salud que no puede quedar subordinado a ajustes presupuestarios. En el interior, donde las distancias geográficas y la falta de infraestructura ya complican el acceso a la salud, un PAMI debilitado profundiza las desigualdades y deja más expuestos a quienes menos herramientas tienen para reclamar. La situación exige respuestas claras y urgentes, porque detrás de cada cifra de desfinanciamiento hay una persona esperando que el sistema no la abandone.
