El asesor presidencial afirmó que el 60% son truchas al referirse a las pensiones por invalidez, sin aportar fuentes ni estudios que respalden la cifra. La declaración reabre un debate sensible para quienes dependen de ese ingreso en las provincias del norte argentino.
Santiago Caputo, uno de los hombres de mayor peso en el entorno de Javier Milei, volvió a poner en el centro de la escena a las pensiones por invalidez. Lo hizo con una frase tan contundente como polémica: aproximadamente el 60% son truchas. El asesor presidencial no detalló en base a qué información, auditoría o estudio técnico llegó a ese número, un dato que no es menor cuando se habla de un beneficio que sostiene la vida cotidiana de personas con discapacidad en todo el país.
La falta de precisión sobre la fuente de esa estimación es, justamente, el primer punto que merece atención periodística. Hablar de "truchas" sin especificar qué criterios se usaron para determinar fraude, error administrativo o incompatibilidad de requisitos genera un efecto inmediato: estigmatiza a un universo amplio de beneficiarios que, en su gran mayoría, accedieron a la pensión tras atravesar juntas médicas, trámites burocráticos extensos y certificados de discapacidad (CUD) que no se consiguen de un día para el otro, mucho menos en localidades del interior donde los turnos médicos escasean y los hospitales especializados quedan a cientos de kilómetros.
En Salta, y particularmente en el norte provincial, la pensión por invalidez suele ser el único ingreso fijo de muchas familias. En zonas como Tartagal, donde el empleo formal es limitado y el acceso a especialistas médicos requiere viajar a la capital provincial o incluso a otra provincia, cada trámite representa un esfuerzo económico y logístico considerable. Que desde la Casa Rosada se instale la idea de que más de la mitad de esos beneficios son irregulares, sin mostrar evidencia pública, alimenta la sospecha social sobre personas que ya enfrentan barreras cotidianas para ser reconocidas en sus derechos.
El debate sobre el control y la transparencia en las pensiones no es ilegítimo: toda política pública merece auditoría y mejora continua. El problema surge cuando la discusión se reduce a una frase de impacto mediático, sin diagnóstico técnico que la respalde ni un plan concreto que diferencie entre revisión administrativa seria y el discurso que criminaliza a quienes menos recursos tienen para defenderse públicamente. Para una familia del interior que depende de esa pensión para comprar medicamentos, pagar un transporte adaptado o simplemente llegar a fin de mes, estas declaraciones no son un dato de gestión: son una amenaza directa a su estabilidad y su dignidad.
