El máximo tribunal rechazó los recursos de los administradores del boliche de Salvador Mazza, condenados por explotar sexualmente a mujeres bajo la fachada de un cabaret VIP. La causa, iniciada en 2013, expone las lógicas de la trata en los pueblos de frontera del norte salteño.
Diez años después de que la Justicia comenzara a investigar lo que ocurría puertas adentro de Terra Nostra, la Corte Suprema de Justicia de la Nación puso punto final al expediente. El tribunal rechazó, por cuestiones formales, los recursos presentados por Roberto Quintián y Mercedes Baigorria, quienes administraban el local y fueron condenados a cinco años y seis meses de prisión por explotación de la prostitución. La confirmación llega luego de un largo recorrido judicial que atravesó instancias provinciales y federales, un tiempo que para cualquier víctima de trata suele sentirse como una condena adicional: la espera.
El caso Terra Nostra no fue un hecho aislado, sino la punta visible de un circuito más amplio que funcionaba a través de bares y hoteles de Salvador Mazza, una localidad que por su condición de paso fronterizo con Bolivia concentra desde hace años denuncias y alertas sobre redes de explotación sexual. La investigación, que se inició en 2013, permitió reconstruir cómo operaba ese entramado VIP, una etiqueta que buscaba dar glamour a lo que en los hechos era un sistema de sometimiento y vulneración de derechos sobre mujeres en situación de extrema fragilidad económica y social.
Pensar esta causa solo en términos de expediente judicial sería mezquino con quienes atravesaron esa experiencia. Detrás de cada condena hay historias de mujeres que probablemente llegaron a Salvador Mazza buscando una changa, una changuita para salir adelante, y terminaron atrapadas en una lógica de explotación montada sobre la permisividad y el silencio de buena parte del entorno. En los pueblos del interior, donde los controles estatales suelen ser más débiles y las fronteras funcionan como zonas grises, estos circuitos encuentran terreno fértil para sostenerse durante años sin que nadie golpee la puerta.
La confirmación de la Corte Suprema no borra el tiempo perdido, pero sí envía una señal necesaria para el norte salteño: los negocios que se sostienen sobre la explotación de personas, aunque se disfracen de entretenimiento nocturno o se maquillen con eufemismos como VIP, pueden y deben caer bajo el peso de la Justicia. Para Salvador Mazza y para toda la región de frontera, el fallo representa un antecedente que debería motivar mayor control estatal sobre los locales nocturnos y, sobre todo, una escucha más atenta hacia quienes, muchas veces en silencio, siguen esperando que alguien les crea.
