Los allanamientos se realizaron en Famaillá, Estación Aráoz, Tafí del Valle y Aguilares, dentro de una causa que ya había permitido incautar más de 470 kilos de cocaína en la provincia vecina.
Famaillá, Estación Aráoz, Tafí del Valle y Aguilares fueron los escenarios de un operativo simultáneo de Gendarmería Nacional que terminó con la detención de tres hombres y el secuestro de seis aeronaves presuntamente utilizadas para el traslado de droga. El procedimiento no fue aislado: se enmarca en una investigación de mayor alcance que semanas atrás había permitido decomisar más de 470 kilos de cocaína, una cifra que da la magnitud de la estructura logística que las fuerzas de seguridad intentan desarticular en el noroeste argentino.
La utilización de avionetas para el transporte de estupefacientes no es un dato menor. Habla de organizaciones con capacidad económica y operativa para sostener pistas clandestinas, tripulaciones y rutas aéreas que atraviesan varias provincias sin ser detectadas durante meses o años. Tucumán, al igual que Salta y el resto del NOA, funciona como corredor estratégico para el narcotráfico que baja desde Bolivia y Paraguay, y estos seis aviones secuestrados son apenas una postal de una infraestructura mucho más amplia que rara vez se ve por completo.
Desde una mirada federal, este tipo de operativos vuelve a poner en el centro del debate una pregunta que en Tartagal y en toda la frontera norte se repite hace años: ¿cuánto territorio, cuántas rutas y cuántos cielos quedan realmente bajo control del Estado? Las comunidades del interior conviven a diario con la sospecha de que el narcotráfico no solo pasa por sus pueblos, sino que también recluta a sus vecinos muchas veces jóvenes sin oportunidades laborales como piezas descartables de una cadena que decide en otro lugar. Detener a tres personas es un golpe puntual, pero no resuelve la pregunta de fondo sobre quiénes sostienen la demanda de pilotos, pistas y silencio en cada localidad por donde pasa esta droga.
Los detenidos quedaron a disposición de la Justicia, que deberá determinar su responsabilidad concreta dentro de la organización investigada. Mientras tanto, la incautación de las aeronaves y el avance de la causa reabren la discusión sobre los recursos reales con que cuentan las fuerzas de seguridad para vigilar espacios aéreos poco controlados en el interior del país, y sobre la necesidad de que estos operativos vayan acompañados de políticas sociales que eviten que, en cada pueblo del NOA, siga habiendo alguien dispuesto a subirse a una avioneta por necesidad.
